Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes revelaron los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y conversaciones de Karina Milei, denunciaron en la Cámara de Diputados aprietes del Gobierno.
Fueron convocados por el vicepresidente de la comisión de Libertad de Expresión, Christian “Chipi” Castillo (Frente de Izquierda), cuerpo que estuvo clausurado durante más de un año por disposición de su titular, la libertaria María Emilia Orozco.
Al tomar la palabra, Rial denunció que el viernes pasado fue blanco de una amenaza a partir de la presencia de un automóvil “Falcon verde estacionado en la puerta de (su) casa” y atribuyó ese acto intimidatorio a un intento del Gobierno para acallar a la prensa.
Asimismo, señaló que el objetivo de su concurrencia a la Cámara de Diputados responde al propósito de “denunciar una persecución del aparato del Estado” contra quienes denuncian “corrupción durante este Gobierno”.
“Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar públicamente más investigaciones sobre esto. Estamos dispuestos a compartirlo con la Justicia y cualquiera de ustedes que lo quiera tener”, siguió el periodista de C5N y Carnaval Stream.
Nueva denuncia
Por otra parte, dejó trascender que en este caso no serían audios sino conversaciones por las cuales directivos de ANDIS incentivaban económicamente a empleados de esa repartición para que dieran de baja pensiones de discapacidad.
Además, cuestionó a la senadora bonaerense oficialista Florencia Arietto por haber exigido públicamente que los periodistas revelaran sus fuentes. “Nos protege la Constitución. ¿Cómo nos van a sacar esa información? ¿Torturándome?”, preguntó Rial.
A su turno, su colega Mauro Federico negó cualquier tipo de vínculos con los servicios de inteligencia rusos y venezolanos, como había acusado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Nuestro objetivo es poner en relevancia que este Gobierno construyó una organización para destruir el sistema de asistencia los discapacitados. Lo destruyeron e hicieron negocios con el dinero para personas con discapacidad”, cargó.
Para Federico, la baja abrupta en la cantidad de personas que reciben las pensiones de discapacidad es un “genocidio planificado” por parte del Gobierno.
