Tras la falta de acuerdo en la audiencia convocada por la Nación, se realizó ayer un encuentro en la sede regional de Tigre del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) ratificó las denuncias y Fate acusó al gremio por la toma.
“La empresa Fate de manera artera, ilegal e intempestiva procedió al despido de más de 900 trabajadores quienes en su gran mayoría al momento de recibir la noticia del despido se encontraban de vacaciones con sus familias”, precisó el SUTNA.
En este marco, ratificó que “la empresa sigue sin acatar la conciliación obligatoria y mantiene en vilo al conjunto de las familias obreras de Fate quienes a día de hoy ven peligrar su sustento diario”.
Recordó que “la causa que motivó el dictado de oficio por parte de esta cartera de la conciliación obligatoria fue la decisión intempestiva e ilegal de proceder al cierre de la empresa y por ende la finalización de todos los contratos de trabajo a su cargo, con el impacto social que esto trae aparejado”.
“El SUTNA expresa que están dadas las condiciones para que ingresen a realizar tareas los trabajadores y que hasta que ello no suceda la empresa está incumpliendo con la conciliación obligatoria dictada por esta cartera administrativa”, precisó el gremio.
Por su parte, los representantes de Fate informaron que “la empresa hizo todo lo que debía para garantizar un cierre ordenado de su operación industrial ante la severa situación de crisis que FATE ha atravesado en el último tiempo, luego de agotar los esfuerzos para intentar hacer sostenible la operación y ante la inviabilidad de su continuidad productiva”.
“EI SUTNA viola la disposición dictada por esta Autoridad de Aplicación (de Provincia de BA y del Ministerio de Capital Humano) que dispuso retrotraer las medidas adoptadas por las partes, al ocupar ilegalmente el establecimiento”, denuncia
Y agrega que “el sindicato, actuando al margen de la legalidad, desobedeciendo disposiciones de esta cartera y de la Justicia, ninguna autoridad ni capacidad tiene para sostener si están o no dadas las condiciones para retomar tareas en la planta cuando se encuentra incumpliendo abiertamente la conciliación obligatoria así como la orden de desalojo dispuesta por la Justicia penal”.
