La investigación por las presuntas estafas de la agencia V-Lion de Temperley sumó tres nuevas denuncias en los últimos días y ya son 27 los casos incorporados al expediente. La causa está a cargo de la UFI 8 de Lomas de Zamora, especializada en delitos de defraudación, y por el momento tiene dos detenidos: Hernán De Campo, ex jefe de Ventas, y Lucas Della Vedoba, ex gerente del comercio. En tanto, continúa prófugo Hernán Velardo, quien se desempeñaba como administrador general de la agencia ubicada en la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Garibaldi.
Fuentes judiciales señalaron que las nuevas presentaciones permitieron ampliar la acusación contra los dos detenidos y no descartaron que puedan incorporarse más víctimas e imputaciones en los próximos días. El fiscal Jorge Grieco y el ayudante fiscal Alejandro Alleno solicitaron la prisión preventiva para De Campo y Della Vedoba, imputados por estafas reiteradas. Ahora será el juez Jorge López, titular del Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía. En paralelo, los investigadores mantienen vigente el pedido de detención sobre Velardo.
La pesquisa comenzó a profundizarse luego de las primeras denuncias por hechos ocurridos durante 2024 y permitió reconstruir el presunto modus operandi. Según la investigación, empleados de V-Lion contactaban a potenciales clientes a través de redes sociales y les ofrecían la posibilidad de adquirir vehículos. Luego los citaban en la agencia, donde un vendedor avanzaba con la operación. Cuando la persona aceptaba comprar el automóvil mediante un plan de pagos, firmaba un convenio de reserva y recibía un CBU para transferir la seña y comenzar a abonar las cuotas. Con el paso de los meses, ante los reclamos por la falta de entrega del vehículo, aparecían distintas explicaciones, como supuestos problemas administrativos o faltantes de determinados colores.
De acuerdo con las denuncias incorporadas al expediente, algunas víctimas llegaron a entregar hasta $5 millones en cuotas, mientras que otras aportaron alrededor de 3.000 dólares. Además, los investigadores detectaron que en determinados casos se les proporcionaron nuevos CBU pertenecientes a empleados de la propia agencia.
Según se estableció, la cuenta bancaria del titular había sido cerrada y el responsable habría obligado a vendedores a recibir los pagos en sus cuentas personales para luego transferir el dinero. La investigación también busca determinar quiénes participaron de la operatoria y si existió una estructura organizada. En ese contexto, fuentes judiciales advirtieron que personas que aseguran pertenecer a la agencia todavía se comunican con algunos damnificados para brindar nuevas excusas y promesas, una situación que podría tener como objetivo desalentar los reclamos.
