El femicidio de la adolescente de 14 años Chiara Páez en 2015 marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Sin embargo, once años después, las estadísticas muestran que las niñas y adolescentes continúan siendo uno de los sectores más vulnerables. Un informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven reveló que el 76% de las víctimas menores de 17 años registradas en femicidios tenía menos de 15 años.
Los datos reflejan una realidad alarmante: el 30% de las víctimas tenía entre 0 y 5 años, el 19% entre 6 y 10 años y el 27% entre 11 y 15 años. A diferencia de los femicidios de mujeres adultas, donde los agresores suelen ser parejas o exparejas, en el 34,6% de los casos de niñas y adolescentes el femicida pertenecía al entorno familiar. Esto significa que más de un tercio de los crímenes ocurrió en espacios que deberían garantizar cuidado y protección.
El informe también advierte sobre otras formas de violencia que preceden a estos asesinatos. Mientras que el abuso sexual previo al femicidio afecta al 3% de las mujeres adultas, en niñas y adolescentes la cifra asciende al 19%. Además, el 22% de las víctimas menores había sido reportada como desaparecida antes de ser encontrada sin vida. Para la coordinadora del observatorio, Raquel Vivanco, estos datos evidencian que existieron oportunidades de intervención que no fueron aprovechadas a tiempo.
La desaparición y posterior femicidio de Agostina Vera, ocurrido en los últimos días, volvió a poner en debate la respuesta estatal frente a estos casos. La activación de la Alerta Sofía se produjo cuatro días después de que la adolescente fuera vista por última vez, generando cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades. “La desaparición de niñas y adolescentes debe ser abordada como una situación de máxima urgencia desde el primer momento”, sostuvo Vivanco.
Frente a este escenario, desde el observatorio remarcaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata, mejorar la articulación entre fuerzas de seguridad, Justicia y organismos de niñez, e incorporar una perspectiva de género e infancia en cada actuación. También señalaron que la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) continúa siendo una herramienta fundamental para que niños, niñas y adolescentes puedan identificar situaciones de abuso, reconocer vulneraciones de derechos y saber dónde buscar ayuda.
Finalmente, el informe advierte sobre el impacto que tienen los recortes y el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a la prevención. “La prevención no comienza cuando ocurre un femicidio, sino mucho antes, garantizando derechos, construyendo redes de cuidado y fortaleciendo la presencia del Estado allí donde las violencias suelen permanecer ocultas”, concluyó Vivanco.
