El ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 125 víctimas en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la comisaría de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.
Los fundamentos de la condena se darán a conocer en la audiencia prevista para el 27 de diciembre, a las 13.
El entonces jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada “General Belgrano” y jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci, en cuya jurisdicción se encontraba el partido de Esteban Echeverría, fue condenado a prisión perpetua.
El ex cabo de la comisaría de Monte Grande, Nildo Jesús Delgado, fue condenado a siete años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua; los ex guardias dedicados a la custodia de detenidos de esa seccional Alberto Faustino Bulacio y Daniel Francisco Mancuso fueron condenados a ocho y seis años de prisión, respectivamente.
Etchecolatz llegó a juicio oral y público junto a los entonces oficiales subinspector José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, quienes se desempeñaban bajo la órbita de la Dirección General de Investigaciones de la Policía bonaerense, y los ex cabo de la División Cuatrerismo de La Matanza Ángel Salerno y Carlos Alberto Tarantino: todos fueron absueltos.
Esta causa también contaba con otros cuatro acusados que fallecieron o fueron apartados del proceso por razones de salud: los entonces comisario, subcomisario y agente de la División Cuatrerismo, Mauricio Colicigno, Fernando Svedas y José Vicente Sánchez, respectivamente, y el ex jefe del Grupo de Artillería I y, por ende, jefe del Área 114 -con dominio territorial sobre el distrito de La Matanza-, Hugo Ildebrando Pascarelli. Con ellos en juicio, la cantidad de víctimas del debate hubiera sumado 150.
“No me arrepiento”
Etchecolatz hizo uso del derecho a decir las últimas palabras antes de que se dé a conocer el veredicto y denunció “una despiadada persecución jurídica” en su contra y exigió “la aplicación de la Ley”. “Observé con estupor acusaciones de todo género, la legalidad fue bastardeada por jueces”, cuestionó a renglón seguido.
Planteó no se le otorgó “ninguna garantía” en los juicios y calificó como “gravísimo” que “en la Argentina se manipule la Ley y la justicia”. “En otras instancias superiores, obedeciendo el pedido de querellantes, impidieron que pudiera ejercer el derecho que me otorga la ley, revocando el cumplimiento de la pena en domicilio”, apuntó. Vale recordar que a comienzos de este año, el represor volvió a prisión.
“Somos presos olvidado por la justicia, estamos condenados a muerte, una muerte lenta e incierta”, sostuvo Etchecolatz en la audiencia que se celebró este viernes ante los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Herminio Fernando Canero. Consideró que es un “plan de exterminio lento, doloroso”. “Nuestro país estará maldito mientras haya n solado un policía encarcelado por defender a su país y haberlo logrado”, sentenció.
Apuntó que el caso de Julio López lo “deterioró su imagen” para “permitir una persecución jurídica, política, mediática y arbitraria”, y denunció que recibió “amenazas de muerte”.
“Soy inocente de los cargos”, aseguró, al tiempo que reiteró el reclamo por la detención en su domicilio por la edad. “¿Qué esperan, que me muera para concederme la prisión domiciliaria?”, se preguntó y replicó que se trata de una “venganza política”. “No oculto el orgullo de haber combatido en defensa de nuestra constitución y nuestra patria, no me arrepiento de ello”, concluyó.
La investigación
El juicio fue consecuencia de la investigación sobre los crímenes en el ámbito del Cuerpo I del Ejército, que ocupaba territorialmente la Capital Federal, gran parte de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. Si bien la mayoría de los acusados son policías bonaerenses, la conexión de esos centros clandestinos de detención con las jefaturas de área 112 y 114 y su relación con las investigaciones desarrolladas por la justicia federal porteña en la denominada causa del “Cuerpo I” -que tienen como responsables en la fase de la instrucción al juez Daniel Rafecas y al fiscal Federico Delgado- derivaron en que este juicio se desarrolle en el fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la División Cuatrerismo de Policía de la provincia de Buenos Aires fue conocido como “Cuatrerismo Brigada Güemes” y posteriormente individualizado en algunas investigaciones como “Protobanco”. Estuvo asentado en la zona geográfica denominada “Puente 12”, en Camino de Cintura y Autopista Richieri, de la localidad de La Matanza. En esas instalaciones se desplegó la actividad ilegal y clandestina entre noviembre de 1974 y febrero de 1977.
La denominación “Brigada Güemes” tiene su correlato en que la División Cuatrerismo era una de las dependencias de esa brigada. En efecto, la Brigada Güemes pertenecía a la “Agrupación General Güemes”, la cual a su vez dependía de la Dirección General de de Investigaciones con sede en La Plata y estaba compuesta por la ya indicada División Cuatrerismo, el Destacamento de Infantería, la Sección Canes, el Destacamento de Caballería y la Agrupación de Bomberos, todas situadas en “Puente 12”.
Por su parte, la comisaría de Monte Grande, ubicada en la calle Santamarina 474 de esa localidad, funcionó como centro clandestino de detención y tortura entre julio de 1976 y octubre de 1978, además de llevar a cabo sus funciones regulares.Fue señalizada en 2013.
