Desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires anticiparon esta mañana que se hará una presentación ante la Justicia para impedir las colectoras. El Gobierno las prohibió hace algunas semanas pero ahora apuesta a que la Justicia haga caer el decreto con el objetivo de buscar alianzas con Alternativa Federal, al menos a nivel provincial.
“Nos vamos a presentar en la justicia para impedir las colectoras”, aseguró el presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, en declaraciones con El Destape radio. “Nos cambian la ley electoral todos los días. Han hecho más de diez modificaciones”, rechazó.
La gobernadora María Eugenia Vidal aguarda una resolución judicial para comenzar una negociación con los principales referentes de Alternativa Federal que permita que su postulación en la provincia de Buenos Aires sea una colectora de los precandidatos a presidente de ese espacio.
“La provincia está muy mal en muchísimos aspectos. La gobernadora tiene que preocuparse”, replicó Gray, al tiempo que manifestó su preocupación, de cara a las elecciones venideras, y advirtió que el PJ pide veedores internacionales para los comicios.
La esperanza del Gobierno es que la justicia electoral declare inconstitucional el decreto presidencial 259/19 del12 de abril pasado que prohibió el uso de las listas colectoras que había establecido la entonces presidenta Cristina Kirchner, en 2011. “Si hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia”, admitió anoche el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmando esta posibilidad.
El 11 de abril, por pedido de la propia gobernadora Vidal ante el temor de un acuerdo entre kirchneristas y Alternativa Federal, el Presidente dictó un decreto que prohíbe la presentación de listas colectoras; es decir, de listas que con un mismo candidato a presidente lleve más de un candidato a gobernador, o, a la inversa, que un mismo candidato a gobernador aparezca en la lista de varios candidatos presidenciales.
La otra posibilidad es que, si la Justicia no hace caer el decreto, el Presidente saque uno nuevo que deje sin efecto el anterior.
