Magalí Saraco tenía 26 años y estaba detenida en la Unidad Penitenciaria N° 40 de Lomas de Zamora. Su pena finalizaba en 2021 pero fue hallada ahorcada en una celda de castigo. “Cualquier muerte tras las rejas, no importan las circunstancias, es responsabilidad del Estado y se debe hacer justicia”, asegura María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
De acuerdo al relato de Verdú, la joven “ya estaba entrando en el tramo en el que podía hacer salidas transitorias” y “formaba parte del grupo de personas que la Cámara de Casación Penal bonaerense estableció que tendrían que haber sido beneficiados con alguna alternativa”. “Si el fallo de la cámara se hubiese cumplido hace dos semanas, ella no hubiera estado en la cárcel y se encontraría con una libertad asistida”, planteó.
En diálogo con Info Región, la referente de Correpi explicó que Saraco “estaba detenida en la Unidad 40 de Lomas y por alguna situación que se dio en el pabellón, fue trasladada a una celda castigo, sin ningún contacto con el exterior y la siguiente noticia es que la encontraron ahorcada”. “Carece de toda la lógica que a punto de terminar la pena le agarre la depresión y se suicide”, planteó.
Aclaró, de todos modos que “no se discute si la mataron o se suicidó, porque en esas circunstancias es responsabilidad estatal”. “Ella estaba sometida totalmente al aparato estatal, por eso cualquier muerte tras las rejas, no importan las circunstancias, es responsabilidad del Estado y se debe hacer justicia”, sentenció Verdú.
Las personas detenidas reclaman mejores condiciones de higiene, de salud y que se contemple el beneficio de la prisión domiciliaria. “Reducir los riesgos de contagio y difusión del virus dentro de las cárceles es una cuestión de salud pública que involucra a toda la sociedad. Aún los que desprecian la vida de las personas privadas de su libertad, por ‘delincuentes indeseables’ y declaman su muerte, deberían comprender que si el virus ingresa en estos ámbitos colapsarán todos los servicios de salud y no tendrán capacidad para atender a ellos ni a nadie”, advierte la Comisión Provincial por la Memoria.
