El primer caso de coronavirus confirmado en la Unidad 42 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de Florencio Varela trajo consigo la profundización de la crisis sanitaria en el sistema carcelario de todo el país, en medio de la pandemia. En este contexto y al igual que lo hizo a lo largo de 20 años, la Comisión por la Memoria (CPM) pidió al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo una serie de medidas para “preservar la vida de las personas detenidas”, entre las que se destacó “disminuir la población encarcelada”.
En medio de esta crisis, el juez de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires Víctor Violini aceptó el pedido de más de miles reclusos y firmó su liberación el 23 de abril al considerar aceptables los argumentos de los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires sobre detenidos tanto en cárceles como en comisarías ante la pandemia.
“Reducir los riesgos de contagio y difusión del virus dentro de las cárceles es una cuestión de salud pública que involucra a toda la sociedad. Aún los que desprecian la vida de las personas privadas de su libertad, por ‘delincuentes indeseables’ y declaman su muerte, deberían comprender que si el virus ingresa en estos ámbitos colapsarán todos los servicios de salud y no tendrán capacidad para atender a ellos ni a nadie”, explicó el organismo este lunes a través de un comunicado.
Esta última semana, momentos de suma tensión se vivieron en los diferentes penales del país, en donde se realizaron varios motines en el que los internos dejaban expuesto que las instituciones no cumplían con los requisitos necesarios para afrontar la pandemia. Nora Cortiñas afirmó que es necesario “que se brinden los elementos de limpieza a los presos” para que higienicen sus celdas. “Que limpien las cárceles. Con la limpieza ya están a salvo de contagios. Ayúdenlos a que limpien como tendrían que limpiar sus casas si estuvieran”, solicitó.
La CPM pidió al Poder Ejecutivo que se implemente una serie de medidas para “preservar la vida de las personas detenidas”, entre las que se destacó “disminuir la población encarcelada”.
“Las huelgas de hambre y otras protestas iniciadas en las cárceles son una reacción desesperada frente al avance de la pandemia para lograr atención y cuidado por parte del poder judicial, porque descomprimir el hacinamiento y la sobrepoblación es una estrategia clave en la lucha contra el coronavirus en contextos de encierro. Por eso, la acción de la justicia no puede esperar, en sus resoluciones está la posibilidad concreta de salvar vidas”, señala el organismo.
El comunicado detalla que “también ha solicitado al Poder Ejecutivo provincial la aplicación de la figura constitucional de la conmutación de penas”. “La justicia debe actuar con la ejemplaridad que el estado de derecho demanda ante una crisis de tal magnitud, adoptando medidas excepcionales y urgentes que terminen con la sobrepoblación y hacinamiento extremo del SPB”, agrega.
El fallo de la polémica y la postura de la CPM
La polémica se había generado antes del hábeas corpus colectivo, cuando Violini ordenó la prisión domiciliaria para Pedro Olmos, un hombre de 68 años acusado de violar a una nena de 13 años en el marco de un cumpleaños familiar en Burzaco.
La referente de la CPM Nora Cortiñas aclaró que no está “de acuerdo que liberen a violadores, femicidas y a los que tienen delitos de violencia de género” a pesar de la situación que se vive en los penales. “Esto no puede ocurrir de ninguna manera. No estoy de acuerdo en dar en libertad porque si a todos los presos, y mucho menos a los que cometieron delitos que sean graves”, sostuvo la referente del organismo ante la consulta de este medio.
Olmos lleva a cabo el arresto domiciliario en una vivienda ubicada a pocas cuadras de la residencia vive la víctima. “De ninguna manera puede liberar a esa persona. Nadie puede liberar a violadores y menos que menos a los que violaron menores”, agregó Cortiñas.
