A través del decreto 539, publicado en el Boletín Oficial este viernes, se oficializo la intervención del Servicio Penitenciario Federal. Había sido anunciada el miércoles pasado por el presidente Alberto Fernández, en el marco del escándalo por las escuchas ilegales en el penal federal de Ezeiza durante la administración de Mauricio Macri. La investigación está en manos del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.
El texto señala que “con el fin de normalizar el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal, que ha sido declarado en emergencia en el mes de marzo de 2019 debido a la sobrepoblación carcelaria, situación que se ha visto agravada en el contexto de la pandemia de COVID-19, y con el fin de lograr el efectivo cumplimiento de los objetivos previstos en la citada Ley N° 20.416, resulta necesario disponer la intervención de dicho organismo”.
“Corresponde designar a la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a quien se le encomendará el ejercicio de la función de interventora del Servicio Penitenciario Federal”, explica, y apunta que la interventora designada es María Laura Garrigós.
“Espero que la Justicia haga lo que tiene que hacer con las denuncias de espionaje”, dijo el pasado miércoles Alberto Fernández, tras anunciar la intervención.
Villena investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno de Macri, en una pesquisa que se abrió a raíz de los dichos de un narcotraficante que declaró ante la Justicia que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia, bajo la gestión de Gustavo Arribas, para “darle un susto” a un ex funcionario del Ministerio de Defensa.
De la investigación judicial se desprende que los integrantes de la organización investigada, “cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones”.
Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron ese mismo distintos espacios del penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa. La investigación que indica que las escuchas se concretaban en los pabellones C y D del Módulo 6 del penal de Ezeiza. Según trascendió, estaba intervenido el teléfono del penal pero también había micrófonos en celdas y espacios en los que los detenidos recibían a sus abogados y familiares.
Cristina Fernández de Kirchner acudió esta semana a los tribunales federales de Lomas de Zamora para tomar conocimiento de la investigación. Fue en calidad de testigo. Además de la Vicepresidenta, entre las presuntas víctimas de la organización ilegal figuran el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; los intendentes de Lomas y Avellaneda, Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi; y el obispo de Lomas, Jorge Lugones, entre otros.
