El Senado bonaerense aprobó este semana el proyecto unificado presentado por el senador del Frente de Todos, Francisco “Paco” Durañona y el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky que les da la facultad a los 135 municipios bonaerenses para el control y correcto cumplimiento de la Ley N° 20.680 en todo territorio, así como también el mejoramiento de las herramientas para la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor.
“Desde la Reforma Constitucional de 1994 hemos incorporado el derecho de las y los usuarios y consumidores, hemos otorgado y elevado su jerarquía dándole rango constitucional y de esa forma se han desplegado las normativas necesarias para proteger a todos y todas las bonaerenses porque somos todos usuarios y consumidores”, explicó Durañona, quien agregó que con este proyecto “se está trabajando en aportar soluciones concretas que tienen que ver con las necesidades de la comunidad y los 135 municipios dándoles el poder para poder inspeccionar, regular, controlar y principalmente sancionar en caso de incumplimiento abusos en los precios de los distintos productos a los consumidores, vecinos y vecinas de los municipios que están a diario con estas situaciones”.
La aprobación del proyecto de ley “es fundamental para generar un cambio en la manera de mirar y regular la provincia”. “Estamos poniendo en manos de los gobiernos locales la atribución de controlar, inspeccionar y sancionar en sus grandes, pequeños y medianos establecimientos. Sancionar al actor principal de esa cadena que también afecta al almacén de barrio. Quedará en la potestad de los y las intendentes la manera de aplicarla; sin embargo, no quedan dudas que son los municipios los que están cerca de las comunidades y son quienes pueden garantizar a los ciudadanos las respuestas concretas”, indicó a través de un comunicado.
Para el legislador de la Segunda Sección Electoral, los jefes comunales “deben tener todas las herramientas y recursos para dar respuesta”, es por ello que celebró el consenso con el diputado de Juntos por el Cambio.
“Recibimos el apoyo de las inmensas mayorías de las oficinas de defensa al consumidor indistintamente del color político, es indiscutible que hay consenso y que es necesario que los municipios controlen y regularicen los precios, que es lo que nos preocupa a toda la ciudadanía en su conjunto”, finalizó Durañona.
