El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley que ratifica la declaración de “de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”.
El proyecto busca posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desarrollo relativo de provincias y regiones.
El texto, que ingresó ayer al Senado recuerda que “sí como el gas, la electricidad y el agua fueron los servicios públicos tradicionales, los servicios de tecnologías de la información y la comunicación son los nuevos servicios públicos del siglo XXI”.
La iniciativa del legislador del Frente de Todos también modifica el programa de Servicio Universal que busca “asegurar el acceso de los habitantes de la Nación a los servicios esenciales de telecomunicaciones, sin importar sus circunstancias económicas, localización geográfica o limitaciones físicas”.
De convertirse en ley, este servicio será actualizado con periodicidad y en un plazo no mayor a dos años en función de “las necesidades y requerimientos sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado nacional de conformidad con el diseño de la política de las TIC, las que promoverán medidas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.
Por otro lado, declara a la telefonía móvil un servicio público, esencial, estratégico en competencia mientras que en relación al esquema tarifario ratifica el criterio establecido en el DNU 690/20.
Nacido como un apoyo a la iniciativa del presidente Alberto Fernández, se propone “continuar y fortalecer el camino iniciado por el Gobierno Nacional a través de los DNU 297/20, 311/20 y especialmente el DNU 690/20 al poner de relieve que la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia a los Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 permitirán reducir la brecha digital; el desafío central de estos tiempos”.
“El Poder Ejecutivo Nacional ha tomado las medidas urgentes y necesarias que la situación exige. Le corresponde ahora al Parlamento asumir su rol y sancionar la legislación de fondo que materialice políticas públicas en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación diferenciadas, que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. El ideal igualitario es el elemento sustantivo de este proyecto de ley, que trata de plasmar legalmente el mandato constitucional expresado en el artículo 75, inciso 19 de nuestro texto fundamental”, destaca Luenzo cuyo mandato vence este año.
Al respecto, el legislador sostuvo que “tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su relación con internet pero esta no es la realidad que tiene el interior del país donde el mercado no lo puede resolver” y remarcó que “la brecha digital que tenemos en la Argentina es alarmante”.
“Quería desde la presidencia de la comisión acompañar y apoyar públicamente la decisión que ha tomado el presidente de avanzar en declarar a Internet como un servicio esencial público”, anunció durante una reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión el presidente de la misma.
El legislador oficialista consideró que este es “un tema central” y que el DNU 690/21 -frenado en la Justicia- fue “un gran paso” pero “lamentablemente la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema”.
En esa línea, el chubutense enfatizó que “la brecha digital que tenemos en Argentina es alarmante. Hay provincias como el caso de Formosa, que apenas el 30% tiene acceso a la conectividad. Provincias como las nuestras, en la Patagonia argentina, donde rondamos el 40% y 50%. Y esto significa lisa y llanamente, en un marco de pandemia como estamos viviendo, ser excluidos del sistema educativo, de salud, del trabajo y economía del conocimiento”.
