La Mesa Nacional Inquilina advirtió que “derogar la Ley de Alquileres va a significar más desprotección”, en el marco del debate de la reforma de la iniciativa que tiene dos ejes centrales: tiempo de contrato (pasó de dos a tres años) y actualización de los valores.
La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus. A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
“El Estado no debe abandonar a los y las inquilinas. La Cámara de Diputados de la Nación decidió darse 30 días de trabajo, en la Comisión de Legislación General, para debatir la Ley N° 27.551 que lleva menos de dos años desde su sanción”, señala el comunicado difundido en las últimas horas.
Advierte que “distintos representantes del mercado inmobiliario, intentan construir un relato respecto a que la sanción de la normativa es la culpable de un conjunto de problemas que afectan de manera general a la economía argentina”. “Así, explican de manera absurda que una ley sobre la que no se controló su implementación sería la causante de los problemas de vivienda que afectan a millones de inquilinos”, apunta el texto.
“Sin embargo, cuando escuchamos las modificaciones propuestas por el mercado inmobiliario queda claro que el objetivo es eliminar las protecciones y derechos mínimos que garantiza la ley. Por eso, promocionar la derogación de esta ley en una falsa representación de los intereses de los inquilinos y las inquilinas es una gran trampa. Queremos decirlo bien claro: derogar o suspender la ley de alquileres no va a bajar el precio de los alquileres, va a significar más desprotección para los inquilinos”, advierte la Mesa.
Manifiesta que “no hay ningún fundamento sobre caída de la oferta y evolución de los precios, cuando la falta de datos oficiales se encubre con información que proviene de la parte que más presiona para que se modifique la legislación“. “Insistimos: no hay ninguna razón que pueda fundamentar que la ley actual no funcionó, ya que apenas comenzó a implementarse parcialmente y el Estado no avanzó en sus actividades regulatorias, delegándolas en la ´buena voluntad de las partes´”, apunta.
“También es falso sostener la existencia de un consenso sobre la idea de que la ley no funciona. Esa afirmación excluye la posición inquilina, que exige pagar menos y frenar los abusos del sector inmobiliario a la hora de firmar un contrato de alquiler que cada vez se aleja más del plazo y los precios de la legislación vigente”, sostiene el texto.
Proponen regular el precio inicial del alquiler de vivienda, garantizar un plazo mínimo de tres años de duración de la locación de vivienda, disponer un mecanismo público de actualización anual ajustado a la capacidad de pago de los hogares inquilinos, crear un sistema público de garantías, generar vivienda pública en alquiler con valores desacoplados del mercado, crear un organismo ejecutivo de regulación y control de las relaciones de alquiler.
También señalan que “la propuesta nunca puede ser un mercado desregulado, sino un Estado presente, garante de derechos y responsable de implementar políticas públicas que efectivicen el derecho a la vivienda del conjunto de su población”.
