La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, pidió hoy que haya diálogo entre el Gobierno porteño y los estudiantes”, mientras el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que la administración local se encuentra en una campaña “para amedrentar a estudiantes y familias que participan en las tomas de las escuelas”.
“Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires seguiremos intentando que haya diálogo entre el Gobierno porteño y los estudiantes. Entre hoy y mañana saldrá un pedido de nuestro organismo convocando a las autoridades del Ministerio de Educación porteño, a los directivos y a los representantes de los centros de estudiantes para sentarnos a dialogar“, aseguró Muiños.
Esta mañana, al menos once escuelas del distrito permanecían tomadas por sus estudiantes en reclamo de viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas.
La defensora resaltó que el intento de diálogo es “una situación difícil”. “De hecho, la Defensoría hizo un operativo esta semana visitando colegios secundarios de gestión pública para ver el estado de la infraestructura y en algunos no nos permitieron ingresar argumentando que tenían una nota del Ministerio de Educación que lo prohibía“, argumentó.
Además, Muiños sostuvo que “el Gobierno porteño considera que tanto la salud como la educación tienen que ser cogestionadas con el sector privado y que eso los exime de responsabilidad”.
En tanto, esta mañana el CELS alertó que las medidas del Ejecutivo local “cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas”.
“La campaña del Gobierno de la Ciudad para amedrentar a estudiantes y familiares que participan en las tomas de las escuelas continuó ayer con policías en patrulleros que fueron a notificar a los jóvenes denunciados a las puertas de sus casas”, expuso la organización en un hilo de Twitter.
Además enumeró las “medidas intimidatorias” del Gobierno porteño a lo largo de la semana. “La primera fue amenazar en los medios de comunicación con hacerles denuncias penales a padres y madres de les alumnes”, sostuvo, mientras otra de ellas fue el pedido a la Procuración General por parte de la ministra de Educación Soledad Acuña de exigir “que les padres y madres del colegio Mariano Acosta paguen un millón y medio de pesos diarios el tiempo que dure la toma”.
En tanto, “les alumnes del Lenguas Vivas, Lorca y Liceo 5 denunciaron ayer que en las cercanías de las escuelas, policías les pidieron identificación e información sobre docentes y sobre lo que sucedía en las tomas”, continuó la publicación. “Aunque estas medidas no sean viables jurídicamente, cumplen con el rol de atemorizar y debilitar la organización de las protestas. Estas estrategias implican restringir derechos y legitimar la respuesta estatal violenta”, concluyó.
