Organismos de Derechos Humanos expresaron su repudio al cierre del Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas y advierten sobre un intento de “obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad”.
El documento lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
“Queremos expresar nuestro rechazo al desmantelamiento del Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, creado por la resolución ministerial 308/2010, que establece, además, el acceso irrestricto a las dependencias donde están los archivos de cada Fuerza”, inicia el comunicado.
Advierte que “estos equipos realizaron aportes fundamentales para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad”. “La decisión del Ministerio de Defensa busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad”, denuncia.
“Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización”, señala el comunicado.
Asimismo, los organismos indican que “cierra un área que ha aportado a la reconstrucción de la verdad, el Gobierno nacional cuestiona la caracterización que los organismos de derechos humanos, la Conadep, el Poder Judicial y otros gobiernos han construido rigurosamente desde tiempos de la dictadura y sostenido luego en democracia”.
Saber dónde están los desaparecidos y los 300 nietos que aún buscan las Abuelas “depende en gran parte del acceso a los archivos y documentos” por lo que consideran que “es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia”.
Por otro lado, el documento señala que “el vaciamiento de este equipo se da en medio de una ola de despidos masivos en el Estado. Miles de trabajadores y trabajadoras, junto a sus familias, se quedan sin ingresos”.
“Como en otras áreas, en este caso del equipo de archivistas del Ministerio de Defensa, los despidos implican además la pérdida de recursos técnicos y conocimientos valiosos, y ponen en riesgo políticas públicas centrales para el acceso a derechos”, indica el texto.
Y concluye con una promesa: “Seguiremos exigiendo el acceso a los archivos y la defensa de las políticas públicas que garantizan los procesos de memoria verdad y Justicia y los derechos humanos”.
