El Municipio de Esteban Echeverría intimó hoy “la desocupación y restitución pacífica” a la comuna del espacio que ocupa el Club Hípico Monte Grande (CHMG)
Tras la clausura de las instalaciones del CHMG ubicadas en Boulevard Buenos Aires al 800 a causa -según informaron- de que varias de las construcciones del predio no están habilitadas y, tras haber sido notificados con anterioridad, se llegó al pedido de desalojo. ¿Habrá demolición?
Ese futuro de topadoras no es tan descabellado pues desde la comuna alegan que el Hípico está flojo de papeles en cuanto a registración dominial. Eso se desprende del hecho de que las dos hectáreas que usufructua le fueron cedidas en comodato al final de la dictadura militar y por un lapso de 20 años por lo cual lleva 20 años vencido.
“Ese predio es un espacio público del Municipio de Esteban Echeverría, lo del club es como usurpar una plaza o una unidad sanitaria”, indicó a este diario una fuente del Ejecutivo comunal adelantando lo comunicado en la Resolución 42 que lleva la firma del susecretario de Gobierno echeverriano, Alejandro Martín Bonomo y que ninguna de las autoridades del club recibió por lo cual fue pegada en su portón de acceso.
En ese sentido, hay un rumor que no deja de crecer y que indica que el predio tendría destino de estacionamiento para la congestionadas calles de Monte Grande.
El origen del problema del Hípico
Un grupo de socios de la entidad sostiene que gran parte de la crisis que atraviesa el Hípico tiene su origen en la falta de institucionalidad y de transparencia de las últimas gestiones de su comisión directiva encabezada por Carlos Torales y su esposa María Eugenia Pouso y que motivaron que un grupo de socios enviaran una nota dl director de Personas Jurídicas bonaerense, Ariel Gimenez y en la que advierten sobre una serie de manejos que “ponen en peligro la vida institucional” del club.
En la nota, a la que tuvo acceso InfoRegión, solicitan la intervención del organismo y detallan una serie de “incumplimientos al estatuto social” entre los que se destacan el “desarrollo de actividades de instrucción de equitación por personal no idóneo ni profesional habilitado”; la “baja de socios de manera unilateral” y la “expulsión de socios violentando los procedimientos estipulados por el estatuto”.
También reclaman por la falta de reuniones de Comisión Directiva convocadas y realizadas en tiempo y forma; faltas “en las tareas administrativas” y en la falta de “rendición mensual de cuentas y rendición de los estados contables y patrimoniales“, entre otras irregularidades.
Además expresan su preocupación por “el alcance de los compromisos contractuales” asumidos con privados, “involucrando diversas instalaciones del club, como ser salón restaurante, piscina de natación (colonia de vacaciones), bufete, gimnasio y talabartería cuyos documentos y términos han sido resueltos en total confidencialidad sin haber sido informados formal ni informalmente con los socios”.
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