La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires rechazó hoy el intento de restringir la protesta social a través de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, aprobada en la madrugada de ayer, y advirtió que se pretende “quitar los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.
“A 40 años del fin de la última dictadura cívico-militar, y en el marco de las reflexiones que como sociedad argentina debemos realizar en torno a este aniversario, queremos señalar nuestra preocupación y rechazo ante diversas iniciativas y decisiones de legislaturas y gobiernos provinciales que son altamente regresivas en materia de derechos humanos”, dijeron en un comunicado.
“En los primeros años de esta democracia, renacida sobre el horror de la dictadura, el consenso mayoritario de todos los sectores políticos, organizaciones sociales y amplios sectores de la ciudadanía, sostenía que la democracia es el sistema político que permite alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos”, indicaron.
Sostuvieron que “lo es, es en la medida que los pueblos tengan garantizado el derecho a tener derechos, es decir, a demandarlos mediante la expresión pública y la protesta, para conquistarlos o para obligar su cumplimiento si ya están en el plexo normativo”.
La CPM resaltó que “la propuesta de reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy cercenando el derecho a la protesta es un paso más que pretende modelar la carta magna al servicio de las políticas regresivas en materia de derechos, quitando los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.
Se afirmó luego que “la democracia argentina ha registrado muchos avances en materia de derecho, pero, al mismo tiempo, por las políticas implementadas por distintos gobiernos en diversas materias, la vulneración de derechos es una constante”. “La democracia se asienta sobre una enorme brecha social, que ha ensanchado la desigualdad y condenado a la precariedad a millones de ciudadanos y ciudadanas”, se aseguró.
La Comisión analizó que “la represión, la criminalización de la protesta y su prohibición son el peor camino” e hizo un llamado a los diferentes partidos políticos, gobiernos, funcionarios y legisladores “a cambiar de rumbo y retomar aquel consenso construido al calor de la memoria del horror: la democracia es la plena vigencia de los derechos humanos”.
