La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) publicó su informe El sistema de la crueldad una radiografía de la situación en las cárceles y el desempeño de las fuerzas de seguridad en territorio bonaerense donde abundan números preocupantes en materia de gatillo fácil.
El estudio registra una “continuidad de la política criminal” vigente hace décadas que se refleja en el “crecimiento de la población encarcelada” y la “persistencia de la práctica sistemática de la tortura en los lugares de encierro”, entre otros aspectos.
La superpoblación carcelaria crece
La cantidad de detenidos en el sistema penal bonaerense pasó de 54.107 a 55.621 entre 2021 y 2022. En cárceles y alcaidías pasó de 46.456 a 48.046, en monitoreo electrónico de 3.206 a 3.627 y en comisarías bajó de 4.445 a 3.948.
En este punto, la CPM deslizó críticas hacia la gestión del ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, quien “anunció la construcción de 12.000 nuevas plazas entre 11 alcaidías y 4 cárceles de las cuales en tres años sólo se construyeron 2.886, menos del 25% de lo comprometido”.
Sin embargo, también reconocieron que “el problema con esta respuesta, a la luz de la experiencia histórica, es que a cada ampliación del sistema le siguió un incremento de personas encarceladas”. Según se detalló en el informe, entre 2001 y 2022 se crearon 12.769 plazas y la población detenida aumentó en 31.056 personas.
El gatillo fácil
El informe analiza la situación del uso letal de la fuerza policial y se estableció que en 2022 hubo 90 casos de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires. De esas 90 muertes ocurridas, 53 tuvieron a efectivos de la policía bonaerense como responsables, 11 a agentes federales y 19 a personal de la policía porteña.
La CPM rescató como un dato positivo que hubo una “baja sustancial del 31%” de estos casos en comparación con el año anterior. Sin embargo, advirtió que no pudo determinar “si la disminución registrada corresponde a una reducción aleatoria o está dando cuenta de una transformación” porque las autoridades gubernamentales no publican información al respecto.
A los casos de gatillo fácil se le suman lo que la CPM calificó como “práctica sistemática de la tortura y los malos tratos”. El organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel intervino en 502 casos que implicaron 982 prácticas ilegales de parte de efectivos policiales. También registró y denunció 75 casos de corrupción que involucraron a 154 agentes en 32 municipios bonaerenses.
Como contrapartida, el informe reveló que a lo largo del 2022 hubo siete juicios orales y públicos, algunos por jurados, contra policías bonaerenses por el uso letal de la fuerza o torturas correspondientes a los últimos dos años. De esos procesos, 22 agentes terminaron condenados y 5 absueltos.
