Una propuesta de ley que busca dar respaldo a las familias bonaerenses agobiadas por grandes deudas que complican su economía fue presentado en la Legislatura provincial por el diputado del frente de Todos Juan Gómez Parodi.
La iniciativa propone modificar la Ley de Defensa del Consumidor, incorporando la figura de “sobreendeudamiento”, una situación para la cual crea un procedimiento administrativo específico de prevención, saneamiento y reestructuración de pasivos.
Desde el entorno del legislador aclararon que se considera que un consumidor está sobreendeudado cuando se ve imposibilitado de hacer frente a compromisos contraídos en una relación de consumo y pagarlos le dificulta el acceso a bienes esenciales, afectando la salud y la economía familiar.
“Creemos imprescindible que el Estado provincial oficie como árbitro en estos casos y brinde asesoramiento y contención a un número cada vez mayor de familias que, de otro modo, ingresan en una espiral de endeudamiento que no sólo condiciona la posibilidad de planificar su organización a futuro, sino que muchas veces compromete la posibilidad misma de acceder a los bienes básicos para garantizar su subsistencia”, aseguró el autor del proyecto.
¿Qué pasaría con los sobreendeudados?
De aprobarse la Ley, los ciudadanos que se encuentran sobreendeudados podrán presentarse en las oficinas municipales o provinciales de Defensa del Consumidor para iniciar las averiguaciones correspondientes e iniciará el siguiente proceso:
- En caso de acreditarse tal condición, el ente iniciaría un protocolo que comprende la citación al proveedor, la mediación entre las partes y la elaboración de un acuerdo.
- El acuerdo podrá comprometer quitas de capital, plazos de gracia y planes de pago.
- Se establecerá el mecanismo de cancelación, montos, plazos, intereses y cualquier otro aspecto inherente a la relación de consumo.
- Este acuerdo deberá ser homologado por el Estado provincial y podrá ser oponible judicialmente.
- Con la homologación del acuerdo se considerará agotada la instancia administrativa, pero, hasta que esto no suceda, los plazos judiciales permanecerán suspendidos por hasta 90 días, a fin de evitar situaciones de embargo o inconvenientes que pudieran entorpecer la concreción del convenio.
- El proyecto establece también que se refuercen aspectos fundamentales de la defensa del consumidor relacionados con la información, es decir que la persona deberá ser informada claramente al momento de contratar acerca de las condiciones, intereses, modalidad de pago, montos, tasa de interés efectiva anual, comisiones, gastos, sistema de cancelación, plazos y cualquier otro aspecto relacionado con la transacción.
Otros puntos del proyecto
- Lealtad comercial: el proveedor deberá pretender ganancias justas y razonables por su servicio y no podrá emitir publicidad engañosa que induzca a los consumidores a endeudarse más allá de sus posibilidades, provocando situaciones de sobreendeudamiento.
- Préstamo responsable: el proveedor deberá evaluar certeramente los antecedentes crediticios y la solvencia patrimonial del consumidor a partir de fuentes disponibles y decidir fundadamente el otorgamiento o la denegatoria del crédito, decisión que deberá ser comunicada al consumidor de modo fehaciente.
- Educación financiera: para el público en general y a través del sistema educativo provincial para contribuir a una gestión razonable de una economía doméstica y de la planificación familiar a fin de prevenir el endeudamiento excesivo.
