El proyecto de ley ómnibus que envió el Poder Ejecutivo al Congreso nacional para ser tratado en el período de sesiones extraordinarias tendrá un extenso recorrido hasta que pueda convertirse en ley, en el mejor de los casos para el oficialismo.
El ministro de Interior, Guillermo Francos, entregó en mano el proyecto denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien ingresó el voluminoso mamotreto de 183 páginas y 664 artículos por la mesa de entradas, para darle formalidad a la presentación.
La próxima etapa será la conformación de las comisiones a las que será girada la iniciativa para que sea dictaminada y quede lista para debatirse en el recinto.
Allí es dónde empiezan los obstáculos, ya que un asunto por resolver es la cantidad de comisiones, y cuáles serán. Por la heterogeneidad temática de las medidas contenidas en la mega ley, deberían activarse casi la totalidad de las comisiones, algo que dificultaría al extremo el trámite parlamentario. Un plenario de todas las comisiones implicaría una reunión multitudinaria imposible de llevar a la práctica.
La dificultad de encontrar un esquema de funcionamiento adecuado y eficaz responde a la ausencia absoluta de antecedentes y lo atípico de un proyecto que se asemeja por sus características particulares más a una reforma constitucional que a una ley.
Una vez que Menem defina los giros a comisión, sobrevendrá otra discusión álgida que tiene que ver con la conformación de las autoridades en cada una de esas comisiones.
Ya se sabe que La Libertad Avanza quiere colocar a diputados que le respondan a la cabeza de las cuatro comisiones que con seguridad tendrán participación en el tratamiento: Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto.
En la primera está confirmado el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, quien volvió a acercarse al presidente Javier Milei después un par de años de distanciamiento.
Cercano al PRO, el economista de derecha cerró con el presidente el cargo al frente de una comisión clave como es Presupuesto y Hacienda, y luego pulió los detalles de su desembarco con Menem y el presidente del bloque de La Libertad y Avanza, Oscar Zago.
Para arribar al recinto, el proyecto de ley requerirá del dictamen de cada una de las comisiones intervinientes. Para agilizar el trámite, el oficialismo podrá optar por realizar plenarios de comisiones y así allanar el camino al hemiciclo con un solo despacho.
A diferencia del DNU, que se votará por sí o por no, la ley ómnibus puede ser -llegado el caso- diseccionada, fraccionada, emparchada y desmenuzada, de modo tal que algunas de sus partes originales queden en pie y otras, en cambio, sean modificadas, trituradas o directamente removidas.
Hay bloques opositores como la UCR y la flamante bancada Hacemos Cambio Federal que tienen vocación por ayudar pero el propio presidente se los está dejando muy difícil.
Para ellos, la delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo es una licencia cuasi monárquica que consideran indigerible. Tampoco están de acuerdo con la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria y mucho menos con la uninominalidad de circunscripción para la representación legislativa nacional.
Todas estas medidas, sumado a la desprolijidad de impulsar una variedad inusitada de temas bajo un mismo proyecto de ley, y ni hablar del mega DNU que avasalla facultades legislativas, mal predispuso a todas estas fuerzas políticas de la oposición autodenominada responsable que Milei necesita para conseguir la mayoría de votos.
Si llegada la situación el proyecto obtuviera la media sanción en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, Menem deberá remitir el expediente a su par del Senado, Victoria Villarruel, para que allí comience un circuito similar.
La apuesta de Milei es jugarse un pleno a enero y que salga la ley ómnibus a fines de mes. Sabe que el tiempo corre en su contra pero que aún conserva el capital político que le dio la victoria de noviembre pasado, cuando casi un 56% de la población le dio su aval.
Ese activo de legitimidad irá acortándose a medida que los efectos del brutal ajuste empiece a materializarse en las condiciones de vida de la gente, que incluyen obviamente a su base electoral.
El tiempo es ahora y el “después” ya puede ser demasiado tarde, ya que la motosierra se quedará probablemente sin combustible y con menos fuerzas de la oposición dispuestas a colaborar.
