Mas de un centenar de dirigentes y militantes históricos de la Unión Cívica Radical publicaron un documento en el que cuestionaron en durísimos términos la orientación política de la gestión de “Javier Milei y Victoria Villarruel” del que sostuvieron que “no afecta a ninguna casta que permanece como socia en el poder” y que “beneficia a los grupos económicos más concentrados”.
Impulsado por la Corriente de Opinión Nacional que orienta Federico Storani, los firmantes reivindicaron las figuras de los expresidentes Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia y Raúl Alfonsín, al tiempo que exhortaron a “la unidad nacional para lograr una sociedad más libre, justa e igualitaria”.
En esa línea, convocaron a los representantes partidarios a que “se pronuncien y actúen en consonancia”, al tiempo que convocaron a “movilizar en defensa de la democracia” bajo las consignas “Democracia y la patria no se vende” . Y resumen: “Aspiramos a un estado social y democrático de derecho basado en principios de solidaridad.”
“La República Argentina se precipita al abismo que representa el estado de excepción que es lo
contrario al estado de derecho que rige en todo sistema democrático”, comienza para calificar al DNU 23/2023 como “manifiestamente inconstitucional” porque “viola la división de poderes” y “sólo pretende eludir el análisis de los representantes del pueblo y de las provincias”, sostiene.
En ese sentido, subraya que ese “ilegal abuso se produce en el marco de un brutal e inhumano ajuste de la economía que recae sobre los sectores medios y pobres” lo cual se corresponde con el “estado de excepción que se pretende imponer y se desliza peligrosamente hacia el estado policial”, en referencia al protocolo de Seguridad impulsado por la ministro de Seguridad, Patricia Bulrrich.
“Ajuste económico sobre los sectores populares, es igual a represión fuera del marco legal y democrático”, advierte.
Por otra parte, alerta que el DNU “incursiona en la abolición de derechos sociales que costaron décadas de luchas para consagrarlos” y ejemplifica: “En la práctica el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que contempla los derechos sociales ha sido anulado”.
Además, considera que “atenta contra la soberanía nacional” a la que ve expuesta al peligro de “cesión,
pérdida o, lisa y llanamente, entrega” pues “abre las puertas a una absurda extranjerización por vía de las privatizaciones de empresas nacionales eficientes y rentables como los casos de YPF o Ar-Sat”.
“Sólo sigue la más ruín lógica del fanatismo ideológico, pero sobre todo la de los voraces negocios con sello antinacional”, sintetizan los referentes radicales sobre la gestión del Gobierno.
Por otra parte, aclara que “facilitar la gobernabilidad no significó jamás ser colaboracionista con la entrega y conculcación de derechos” y puso de relieve que “la soberanía popular que es la fuente de legitimidad democrática” está compuesta por “mayorías y minorías” que deben cumplir sus roles.
