Las empresas de transporte público que operan en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están evaluando la posibilidad de llevar a cabo una paralización total de los servicios de colectivos durante la primera semana de marzo ante la falta de actualización del costo del pasaje o, en su reemplazo, un aumento del subsidio. El punto es que el Gobierno nacional tiene en carpeta la eliminación escalonada del subsidio al transporte, lo que suma presión al precio del boleto.
Los usuarios habituales del transporte público son testigos hoy de que muchas empresas han reducido las frecuencias de sus servicios, lo que implica más tiempo de espera en las paradas y menos espacio dentro de cada unidad disponible.
Según datos proporcionados por las propias empresas, en enero la baja de unidades en circulación fue de aproximadamente un 8%, mientras que en febrero esta disminución se redujo al 4%. La recuperación parcial de colectivos en circulación en ese mes coincidió con el aumento del boleto mínimo, que pasó de 77 a 270 pesos.
En este contexto, cinco cámaras de empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Aaeta, Cetuba, Ceap, Ctpba, y Ceutupba) enviaron una carta documento al Ministerio de Economía, en la que exigían el “cumplimiento del marco normativo que determina el ingreso que necesitan los operadores de colectivos” del área. Además, advirtieron que “de no adoptarse estas medidas en forma perentoria, los servicios se paralizarán dentro de pocos días, al haberse agotado los recursos ordinarios para operar del último mes y todo tipo de créditos y reservas financieras”.
Los números presentados por los empresarios reflejan la complejidad de la situación. El boleto de 270 pesos implica, argumentan, un monto promedio de 200 pesos debido a los descuentos aplicados a algunos usuarios, como estudiantes y jubilados. Así, las empresas perciben alrededor de 600 pesos por cada viaje, considerando el aporte del Estado, que hoy es de 400 pesos por pasaje.
Sin embargo, según las empresas, el costo real de cada pasaje debería ser de 1000 pesos, lo que representa una brecha significativa entre los ingresos actuales y los costos operativos. Ante esta situación, las empresas plantean la necesidad de un aumento del subsidio estatal o un incremento en la tarifa a abonar por los pasajeros, del orden de los 400 pesos por pasaje.
Si este aumento lo asumiera el pasajero, el boleto mínimo se elevaría a 677 pesos. Pero, si se considera además el impacto del incremento salarial dispuesto para los choferes, que eleva el salario a 737 mil pesos a partir de marzo, el costo del pasaje podría aumentar en otros 200 pesos, alcanzando un valor de 1200 pesos por el boleto mínimo.
El escenario se complica aún más si se contempla la intención del gobierno de eliminar el subsidio de 400 pesos, lo que implicaría un aumento del boleto del 500%. Con una sociedad apretada por la retracción del consumo y el congelamiento de los salarios y un Estado que busca seguir achicando el gasto, parece difícil imaginar una salida que conforme a todos.
