El presidente Javier Milei sumó en las últimas horas un nuevo veto total a una ley sancionada por el Congreso, esta vez al Proyecto de Ley Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.
La medida, formalizada a través del Decreto 652/2025, representa un duro golpe para los gobernadores, que esperaban esta normativa para asegurar fondos y reducir la discrecionalidad en su asignación.
La Ley Nº 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto, buscaba modificar el régimen de los ATN, un fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender “desequilibrios financieros y situaciones de emergencia” de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Establecía que los recursos de los ATN serían redistribuidos “en forma diaria y automática” y en las mismas condiciones que la coparticipación federal.
También indicaba que los recursos que la compusieran serían considerados “integrantes de la masa de fondos coparticipable” y consideraba los porcentajes reconocidos a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una por una, las leyes vetadas por Javier Milei
- Redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias (septiembre 2025): buscaba atender “desequilibrios financieros y situaciones de emergencia” de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Ley de Financiamiento Universitario (octubre 2024 y septiembre 2025): declaraba la emergencia presupuestaria, actualizaba partidas por inflación y recomponía salarios docentes y no docentes.
- Aumento de las jubilaciones (julio 2025): establecía una suba del 7,2% en los haberes y el incremento del bono de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación.
- Restitución de la moratoria previsional (julio 2025): extendía por dos años la posibilidad de jubilarse sin contar con los 30 años de aportes requeridos. Milei la reemplazó por la PUAM, equivalente al 80% de la mínima.
- Emergencia en discapacidad (julio 2025): buscaba regularizar pagos, actualizar aranceles, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y garantizar derechos. El veto fue revertido en el Congreso.
- Asistencia económica a Bahía Blanca (junio 2025): destinaba $200.000 millones para la reconstrucción tras el temporal del 7 de marzo.
- Nueva movilidad jubilatoria (abril 2024): mantenía la actualización por inflación decretada por Milei, pero sumaba un 8,1% adicional y vinculaba el haber mínimo a la canasta básica.
