“Desde hace dos años vengo pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. En todas las instancias judiciales, mi pedido fue denegado”, advierte la senadora de Unidad Ciudadana y ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Además de la presentación en los Tribunales de comodoro Py, por presunta corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo, solicitó que “se declare la invalidez de todo lo actuado en este proceso” y recusó al juez claudio Bonadio.
Negó “de manera terminante” los cargos, reiteró la denuncia de “persecución judicial” por parte de la administración de Mauricio Macri y cuestionó que, entre otros empresarios arrepentidos, Ángelo Calcaterra haya sido “privilegiado con una de las sortijas” entregada por el fiscal de la causa.
“Estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI”, apunta en otro tramo del escrito.
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