La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el presidente Mauricio Macri “apoya” el nuevo protocolo de uso de armas de fuego para fuerzas federales y que la medida la discutió “durante un año” con el mandatario.
“Nuestro reglamento ni viola los derechos humanos, ni es fascista, está basado en las Naciones Unidas, es absolutamente claro, corto, simple, da reglas y protege a la sociedad y a las fuerzas. Por eso, lo primero que digo es que hay que leerlo”, remarcó en diálogo con TN.
Bullrich insistió que la el protocolo está basado en “los convenios que la Argentina firmó como país, está copiado de las Naciones Unidas con comas y puntos”,
Cruce con Carrió
La ministra de Seguridad evaluó que “no corresponde” discutir con la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió, quien lanzó fuertes críticas contra la normativa y propuso que se debata la idea en el Congreso. “La doctora Carrió reconoce que las fuerzas están carentes de marcos legales, carentes para la protección suya y de terceros”, dijo.
Asimismo, agregó que “si el Parlamento decide darle un marco de legalidad a las fuerzas sería histórico, porque nunca lo hizo, nunca se preocupó”. Advirtió, en ese sentido, que esa normativa deberá “defender a la sociedad y a los agentes en el uso de las armas y de las conductas que ellos mismos realizan”.
El protocolo
El Gobierno advierte que “la actividad policial requiere actualizar los criterios de acción vigentes en las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, atento a la particularidad y gravedad de los delitos en los que tienen que actuar en defensa de los intereses de los ciudadanos, en consonancia con las normas supra legales que prohíben la tortura, los tratos crueles o denigrantes o ultrajes a la dignidad personal” y “resulta necesario implementar acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, cuando se encuentren en una situación de peligro inminente, como así también velar por la protección de los derechos fundamentales de todas las personas”.
“Con el fin de dotar a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales de la normativa actualizada para ejercer debidamente sus funciones, resulta menester el dictado de una resolución que legisle de manera uniforme el empleo de las armas”, advierte. En el anexo, aclara que se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, en los siguientes casos: En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves; Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas; Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad; Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.
Si bien aclara que los efectivos “deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita, se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso“.
