La Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados buscará emitir hoy dictamen de consenso del proyecto que regula el teletrabajo, modalidad que se incrementó en los últimos meses en el marco del aislamiento social y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus.
La reunión virtual será a las 15 y el objetivo de la presidenta de la comisión, Vanesa Siley, es avanzar con la firma del despacho para poder regular una actividad que hoy realizan millones de argentinos de manera forzada, ya que la posibilidad se abrió a partir de la cuarentena.
Siley advirtió que “es una demanda social, una enorme cantidad de trabajadores que están pidiendo que se regule el teletrabajo y es responsabilidad de los dirigentes, de las dirigentas”.
Si bien no se conocen todos los detalles de la iniciativa, de las exposiciones se desprende que garantiza los derechos laborales del trabajo y los equipara con aquellos que lo hacen en forma presencial; también contempla el carácter voluntario (cuando se termine el ASPO) y la posibilidad de revertir la decisión que tome el empleado respecto a esto. También garantiza el derecho a la desconexión y a la intimidad del domicilio.
Ademas, el empleador deberá proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, así como asumir los costos de instalación, mantenimiento, reparación y los gastos de conectividad y consumos de servicios.
La Comisión de Legislación del Trabajo realizó el lunes una reunión informativa con representantes de las cámaras empresariales de la Argentina, Magistrados y especialistas en derecho laboral, en el marco del análisis y consideración de los proyectos de ley sobre teletrabajo.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) señalaron que “el trabajo remoto es consecuencia de haber adoptado una serie de tecnologías para la producción de bienes y servicios que da lugar a esa modalidad”; mientras que la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió “una mirada equilibrada entre el empleado y el empleador”. Y desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) plantearon que “es importante la formalidad de los trabajadores”.
Viviana Díaz, ex coordinadora del Programa de Teletrabajo de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación remarcó que hoy se habla de “trabajo remoto forzado”, en referencia a la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia del coronavirus, y el abogado laboralista Héctor Recalde, quien actualmente se desempeña como director de YPF, manifestó su apoyo a la norma, pero “siempre que se resguarden la intimidad y la jornada de trabajo para que no haya una autoexplotación en relación a la cantidad de horas trabajadas”.
Por otra parte, la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Carla Gaudensi, sostuvo que el trabajo remoto “no debe generar una pérdida patrimonial para el trabajador que lo realiza”, por lo cual consideró que “los empleadores deben proveer las herramientas necesarias para realizar el trabajo, además del pago de los servicios”, entre otros. Y añadió: “Esta modalidad perjudica el derecho a la organización sindical”.
A modo de resumen, la presidenta de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (AMATRABA), Marcela Vodeb, remarcó: “El trabajador que adopte esta modalidad remota debe poseer los mismos derechos y obligaciones que el trabajador presencial”.
Desde la mirada del Poder Judicial, la presidenta de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, Graciela Craig, se refirió a la importancia de prever todas las consecuencias de esta nueva modalidad de trabajo y, en ese sentido, explicó que las organizaciones internacionales encargadas de estudiar la salud de los trabajadores aseguraron que “se producen muchas enfermedades psicológicas al trabajar aislados y sin intercambio con jefes y compañeros”.
También estuvieron presentes representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), la Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI), la Cámara Empresaria de Tecnología, Informática y Comunicaciones (CETIC); y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
