El tema que quiero abordar es la cuestionada vigencia del DNU y si el fallo de la justicia porteña es inconstitucional porque no tiene jurisdicción para resolver.
Más allá que otros dejan a un lado lo inconstitucional y sostienen que se trataría de un acto manifiestamente nulo por arbitrario, sucede que esa nulidad debe ser resuelta por un tribunal competente (la Corte Suprema de Justicia de la Nación o un tribunal federal en lo contencioso administrativo, por ejemplo)
La medida del Poder Ejecutivo que es un acto excepcional de contenido legislativo federal por más discutible que sea la forma como se resolvió el tema, no es una medida educativa de competencia local. Fue dictada en el marco de una pandemia y de una emergencia nacional que tiene desbordado al sistema de salud que es competencia del Congreso Nacional y fue convalidada por todos durante un año.
Hago un paréntesis y aclaro que la medida del DNU va en camino de estricto orden público, por lo cual el menoscabo jurisdiccional sobre la materia educativa que se intenta hacer valer, queda supeditada a la norma.
Es de jurisdicción federal resolver las cuestiones legales que ese acto suscite (arts.116 y 117 C.N.). Ese acto de carácter legislativo nacional puede ser enervado por una decisión judicial local por la sencilla aplicación del principio de jerarquía normativa (art. 31; 75 C.N.) y la división de poderes nacional y locales. Por eso todos los sectores políticos con poder quieren sus jueces. Este fallo, aunque en el fondo podamos compartir lo resuelto, es un claro ejemplo.
Seguimos echando tierra sobre la credibilidad y la independencia de la justicia; después, no nos quejemos. Es evidente que la grieta entró en y domina la justicia que debe ser afianzada y no manipulada (Preámbulo de la Constitución Nacional). Si los gobiernos son malos hay que removerlos por el sufragio.
Pueden castigar tranquilos los que están de alguno de los lados de la grieta. Sé que así es posible que sea, pero quiero ser fiel a la ciencia y la profesión que abracé.
