El tarifazo o reorientación de subsidios no sólo impactará en las facturas que reciba casa usuario sino que un hueco en la normativa despertó la preocupación por los efectos de la reducción de la ayuda estatal en una serie de actividades, especialmente en los consorcios y en las comunitarias como las unidades recreativas y sociales, y el sistema de salud.
Hasta el momento, y según el anuncio oficial, no hay discriminación por uso de los espacios, sino que en el caso de la energía eléctrica y el gas se estableció una serie de topes por consumo para delimitar el mantenimiento de los subsidios.
Esos límites están calculados sobre la base del uso cotidiano de una casa familiar y no tiene en cuenta ningún otro parámetro con lo cual se esperan fuertes subas en otras actividades por lo cual toda unidad que supere los 400 kwh por mes, o los metros cúbicos de fluido establecidos para cada área, ingresará a Nivel 1 y perderá la totalidad del subsidio.
La situación más visible es la de los consorcios, cuyo consumo mensual en espacios e instalaciones comunes de los edificios está muy por encima del tope fijado, y por lo tanto lo que se consuma por encima de los 400 kwh se pagará a tarifa plena.
Por lo tanto, además de la factura individual quienes viven en edificios deberán afrontar un fuerte aumento en las expensas por el alza en los gastos comunes a lo que hay que sumar el incremento salarial para el gremio hereditario de los porteros y que contribuye a mantener un sistema de medios con trabajadores precarizados.
Tal como está redactada, la norma alcanza a otras actividades muy demandantes de energía como clínicas y sanatorios. Los centros estatales deberán costearlo de las arcas públicas, pero en el caso de aquellos establecimientos a cargo de organizaciones de la sociedad civil impondrá una nueva erogación y en el caso de las privadas -muchas de ellas trabajan en zonas vulnberables- habrá un traslado directo al costo de la cuota mensual.
También está el caso de los clubes, especialmente los de barrio y que cumplen funciones sociales que suelen ser solventadas por sus socios. Un sector sensible que obligó a Mauricio Macri a exceptuarlos del aumento de tarifas que implementó en 2017.
La situación también promete ser crítica para el caso de los comedores y merenderos donde el incremento en el gas o su electrodependencia impactará en mayor medida.
Por ahora, desde del gobierno dejaron trascender que podría haber alguna medida para el caso de los consorcios relacionado a la cantidad de unidades funcionales pero por el momento no hay precisiones.
