El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó este jueves, sin prisión preventiva, a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, en el marco de las amenazas y mensajes violentos difundidos a través de las redes sociales antes del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández ed Kirchner.
Los ahora procesados habían sido liberados por orden de la Cámara Federal porteña el martes pasado, al considerar que la investigación no corría riesgo y que no hay elementos para pensar que podrían fugarse, siendo los requisitos excluyentes para la prisión preventiva.
El magistrado los procesó por los delitos previstos en el artículo 213 bis del Código Penal, que prevé penas de hasta ocho años de prisión, y advirtió en su fallo que las conductas atribuidas a los imputados quedan por fuera de la protección constitucional de los derechos a la protesta y a la libre expresión de ideas, pues exceden el ejercicio de la libertad de expresión y el ámbito de reserva constitucionalmente amparado.
El juez, además, mandó a trabarles embargos sobre los bienes hasta cubrir el monto de nueve millones de pesos, según surge del fallo de 60 páginas al que tuvo acceso la agencia Télam.
“Se considera materialmente acreditado que, a través de esta organización, los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, sostuvo Martínez de Giorgi en la resolución.
Para ello, continuó, “utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales -Facebook, Twitter e Instagram- y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas -principalmente en contra de autoridades del actual PEN y sus simpatizantes”.
“Así, generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas”, aseveró el magistrado en el marco de la causa en la que interviene también el fiscal Gerardo Pollicita.
Para los investigadores, la finalidad de los actos desarrollados por Revolución Federal “fue incitar permanentemente a la renuncia de los personajes públicos escrachados – pertenecientes a autoridades públicas de la actual gestión de gobierno-, mediante propaganda de contenido violento y el activismo social convocado”.
El juez destacó en su fallo “la distribución de folletería y la utilización de determinadas insignias o lemas tales como ‘Van a correr’ o ‘Todos presos, muertos o exiliados’ -entre otros-, replicados en forma masiva en distintos medios y redes sociales, que utilizaron como herramienta de difusión, y donde sus mensajes, como se dijo, alcanzaban a un sinnúmero de personas”.
FERNÁNDEZ CRITICÓ A LOS JUECES QUE LOS LIBERARON
El presidente Alberto Fernández criticó ayer a los jueces federales Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que ayer ordenaron liberar a los integrantes de Revolución Federal. “Deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron”, cuestionó.
“Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional. Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”, cuestionó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.
Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional.
— Alberto Fernández (@alferdez) November 2, 2022
Fernández consideró que Bruglia y Bertuzzi “deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron. Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad”.
“La Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura”, concluyó el mandatario en sus redes sociales.
