El abogado de la familia de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado en el interior de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, en julio pasado, solicitó que sea llamada a declarar la mediática Charlotte Caniggia luego de que uno de los imputados mencionara que le había prestado al empresario un departamento para que realizara operaciones bursátiles.
El letrado Javier Baños, representante de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de “Lechuga”, solicitó hoy al fiscal Marcelo Domínguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, que cite a declarar a la hija del exfutbolista Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.
Fuentes judiciales confiaron a Télam que el pedido del particular damnificado se debe a que el comisario Horacio Mariano Córdoba (48), uno de los ocho detenidos por el crimen del empresario, la mencionó en su declaración indagatoria.
Córdoba indicó que conocía a Pérez Algaba porque le entregó 3.000 dólares para una inversión en criptomonedas, por la que “Lechuga” prometió devolverle un interés mensual, algo que nunca ocurrió.
En su indagatoria, el comisario de la Policía de la Ciudad sostuvo que el empresario lo citó en una oficina de Puerto Madero, “muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo traiding”, que según dichos de la propia víctima “se la había prestado Charlotte Caniggia”, conocida mediáticamente por haber participado en distintos programas de la televisión argentina.
En su escrito, al que tuvo acceso Télam, Baños solicitó que “se llame a prestar declaración testimonial a Charlotte Caniggia, para que manifieste si conocía a Fernando Pérez Algaba, qué relación la unía y aporte toda la información necesaria respecto del departamento que facilitaba para las operaciones comerciales de la víctima”.
En tanto, también pidió que la Policía de la Ciudad, a través de Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, “haga entrega de todos los elementos que eran utilizados por el comisario Córdoba, se proceda a su secuestro y se los someta a peritajes”.
Para el abogado, el comisario, que se desempeñaba como titular del área de Sistemas Informáticos de la Subsecretaría de Tecnología del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, utilizó todos los recursos del organismo “para planificar y cometer el homicidio, como así también para lograr su impunidad”.
“La experiencia del comisario Córdoba en la prevención y represión de delitos y la disposición de recursos otorgados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el cumplimiento de sus deberes; la comprobación de la utilización del teléfono celular propiedad de la policía de la Ciudad, son indicios suficientes de creer que en aquellos elementos devueltos a la policía pueda haber información relevante para el caso”, argumentó el letrado en su pedido.
Según la investigación judicial, el comisario está señalado como quien le facilitó a Maximiliano Pilepich –el principal sospechoso del crimen de “Lechuga”-, el número de teléfono a nombre del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño que se cree que utilizó en las horas previas y posteriores al homicidio para comunicarse con sus cómplices.
Por el delito de “homicidio cuádruplemente calificado por el uso de arma, alevosía, codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas”, se encuentran detenidos Pilepich, Córdoba, Nahuel Vargas, Luis Contrera, Matías Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo y Flavia Lorena Bomrad, mientras que por encubrimiento agravado está presa Blanca Gladys Cristaldo y quien quedó en libertad, pero aún sometida al proceso, es Alma Nicol Chamorro, quien fue la primera persona apresada por el hecho.
Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio “Renacer” de General Rodríguez a encontrarse con él.
Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, “Lechuga” reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.
El fiscal consideró que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía “una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos”.
Pérez Algaba fue visto por última vez la tarde del 18 de julio cuando a bordo de una camioneta Range Rover blanca que le había prestado Pilepich se dirigió junto a Vargas al predio “Renacer” a cobrar esa deuda.
La desaparición del “Lechuga” fue denunciada al día siguiente por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.
