Javier Alonso, sucesor de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, acusó a los fiscales de “parar” 82 mil causas de narcotráfico por lo que una asociación de fiscales cercana al procurador Julio Conte Grand salió a responderle.
“Tenemos 82.000 causas sobre drogas que están paradas. Todos saben dónde venden pero no hacen nada. Nosotros hacemos las causas, investigamos, se las llevamos a la Justicia, pero nada prospera“, subrayó en modo Pilatos el exladero de Sergio Berni.
Alonso salió del silencio justo cuando está en el ojo de la tormenta por la ola de homicidios que sacude a la Provincia.
Para sostener su estrategia de culpar a otro, Alonso explicó que menos del 10 por ciento de las causas se resuelven: 9.200 sobre 98 mil y agregó que hay 82 mil causas vinculadas al narcotráfico frenadas, 5.500 allanamientos frenados por los fiscales y que las autorizaciones pueden demorar hasta cuatro meses.
La respuesta de los fiscales
Los dichos del ministro fueron repudiados por la Asociación Civil de Agentes Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, un desprendimiento del Colegio de Magistrados bonaerense.
“Esta Asociación rechaza cualquier tipo (de) crítica infundada y genérica a nuestra función” plantearon. “Deseamos profundamente de que en caso de existir hechos como los relatados por el ministro, los mismos sean denunciados, individualizados los responsables y, en caso de ser así, abogaremos por una sanción ejemplificadora”, agregaron mediante un comunicado.
Los fiscales presentaron una denuncia penal para “esclarecer y profundizar” la chicana mediática de Alonso que como autoridad está obligada a actuar y no a comentar..
Las vacantes no cubiertas en la Justicia
A fines de 2023 se estimaba que había en todo el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires unos 702 cargos vacantes y se estima que la cuarta parte corresponde a fiscales.
La mayoría de los pliegos tienen trámite iniciado para ser cubiertos en el Consejo de la Magistratura aunque Legislatura bonaerense, donde el oficialismo y la oposición no se ponen de acuerdo en acordar la cobertura de esos cargos.
