En una votación histórica, la Cámara de Diputados rechazó este miércoles, por más de dos tercios de los votos, el veto del presidente Javier Milei contra la ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido aprobada en el Senado el pasado 10 de junio.
El resultado fue de 172 votos positivos, 73 negativos y 2 abstenciones, superando el umbral requerido para desestimar la decisión del Ejecutivo. Con este paso, la norma quedó sancionada definitivamente.
Previo a la sesión, el Gobierno intentó frenar el revés parlamentario. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en redes sociales que “el Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”, en un intento de sumar apoyos legislativos, pero la estrategia no logró revertir voluntades.
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Las claves de la ley de Emergencia en Discapacidad
La normativa contempla un paquete integral de medidas orientadas a garantizar derechos, mejorar el financiamiento del sistema y fortalecer la gestión estatal:
- Regularización de pagos y actualización de aranceles: prevé saldar deudas con prestadores de servicios de salud y aplicar una actualización mensual en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
- Reforma de pensiones no contributivas: busca asegurar financiamiento y revisar condiciones de acceso y permanencia.
- Fortalecimiento institucional de la ANDIS: incluye mejoras en la base de datos y auditorías periódicas.
- Compensación económica de emergencia: destinada a prestadores, talleres de producción y centros de día.
- Impacto fiscal: estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
- Certificado Único de Discapacidad (CUD): se redefinirán criterios para contemplar no solo lo físico, sino también lo intelectual, sensorial y social.
- Cupo laboral del 4%: reafirma la obligación del Estado de garantizar la incorporación de personas con discapacidad al empleo público, un compromiso que hasta ahora se cumple de manera parcia
