La definición del Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2026 en el arranque del año volvió a reordenar el reparto de recursos entre los 135 municipios bonaerenses y dejó un mapa con diferencias marcadas entre distritos que mejoraron su participación y otros que quedaron golpeados por la nueva fórmula. En ese esquema, varios municipios de la Zona Sur del Conurbano, especialmente de la Tercera Sección, mostraron una evolución favorable, en un contexto donde la expansión poblacional suele empujar los coeficientes hacia arriba, aunque el resultado final también depende de variables sensibles como salud y recaudación.
Entre los distritos destacados aparece Lomas de Zamora, que registró una suba del 2,2% en su CUD, una de las principales entre los municipios más poblados del Gran Buenos Aires. También Lanús exhibió un resultado positivo, con un incremento del 1,31%. En tanto, Esteban Echeverría se ubicó entre los cinco municipios más beneficiados en términos reales, con una mejora del 4,29% en las transferencias percibidas al ajustar por inflación. En el caso de Almirante Brown queda prácticamente igual (0,01%), igual que Avellaneda (0,38%), mientras que San Vicente sube casi un 1% y Presidente Perón 1,24%.
El nuevo reparto, sin embargo, se da sobre una masa de recursos más tensionada. Los datos comparativos de impacto real están calculados sobre el cierre del ejercicio anterior. Bajo esa referencia, las transferencias totales a municipios muestran una caída del 2% en términos reales, al considerar una inflación previa del 41,9%, en un escenario donde los recursos tributarios provinciales retrocedieron 6% y la administración bonaerense atribuye la merma a la recesión y al recorte de transferencias no automáticas del Gobierno nacional, estimado en $12,9 billones.
Una fórmula sensible y un reparto que profundiza tensiones
El CUD es el indicador polinómico que define cómo se reparten los fondos automáticos entre los municipios. Su estructura se compone de un 58% correspondiente al régimen general, basado en población, superficie y capacidad recaudatoria per cápita; un 37% vinculado al área de salud, según establecimientos oficiales y cantidad de camas; y un 5% atado a servicios sociales transferidos, excluida la salud.
Es justamente sobre ese 37% atado a salud donde se concentra uno de los principales focos de conflicto. La fuente menciona denuncias políticas sobre un posible “dibujo” de estadísticas, especialmente en variables como camas ocupadas y prestaciones informadas por las gestiones locales. La sospecha es que esos datos pueden ser inflados para mejorar la posición de algunos municipios dentro del reparto, en una disputa que no es menor: al tratarse de una sola masa de recursos, cada punto que gana un distrito es dinero que otro deja de percibir.
Ese efecto de “suma cero” se refleja con claridad en el resultado general. De los 135 municipios, 64 aumentaron su participación y 71 la redujeron. Entre los mayores beneficiados aparecen Chacabuco (+15,68%), Marcos Paz (+14,04%), Campana (+12,50%), Capitán Sarmiento (+10,62%) y Exaltación de la Cruz (+10,55%). Del otro lado, nueve distritos tocaron el tope legal de caída del 5%: San Isidro, Ezeiza, Pinamar, General Madariaga, Leandro N. Alem, Pila, Tordillo, Maipú y Florentino Ameghino.
La disputa política detrás de la caja municipal
La pérdida de recursos pega con más fuerza cuando se la mira en términos reales. Según la fuente, distritos como Daireaux (-8,73%) y Florentino Ameghino (-9,02%) aparecen entre los más castigados por la erosión inflacionaria en su poder de compra. En otras palabras, aun cuando el reparto nominal pueda sostenerse, el dinero disponible para afrontar gastos corrientes, obras o servicios termina licuado por el contexto económico.
En paralelo, el presupuesto contempla para 2026 una partida de $5.258.234 millones en ingresos automáticos, a la que se suman fondos por financiamiento educativo y capital. A eso se agregó un fondo de infraestructura de $350.000 millones, distribuido en un 70% por CUD y un 30% por proyectos, que funcionó como parte del acuerdo político para que los intendentes acompañaran el endeudamiento impulsado por la gestión de Axel Kicillof.
Sobre ese punto también se montan nuevas discusiones. La fuente señala que ya existe un proyecto del PRO para obligar al Ministerio de Economía bonaerense a publicar antes de cada cierre de año los criterios y variables que definen el CUD. La iniciativa además propone un esquema de control con participación de la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas y legisladores, con el objetivo de auditar los datos “ajustables” y transparentar una distribución que, año tras año, define quién gana y quién pierde dentro de una caja cada vez más disputada.
