“No, no se podía fusilar. Pongamos un número –dijo Videla-. Pongamos cinco mil. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos (…) No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo con esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? ¿Pero qué es lo que podemos señalar? ¿El mar, el río de la Plata, el Riachuelo? Se pensó en su momento en dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo”.
Las atrocidades cometidas por la última dictadura militar, de cuyo inicio hoy se cumplen 50 años, cobraron la dimensión de una verdad incontrastable desde la recuperación democrática. La trágica certeza de que desde el poder usurpado el 24 de marzo de 1976 se había desplegado una estrategia sistemática de represión ilegal que incluía secuestros, desapariciones, torturas y homicidios ganó desde entonces un lugar en la conciencia histórica nacional de manera definitiva. O al menos eso creímos.
En los últimos dos años retornó desde usinas oficiales y paraoficiales la pretensión de poner en discusión o negar directamente la instrumentación del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Personajes del poder impulsaron la discusión en torno al número de desaparecidos para ocultar la existencia de un plan sistemático de exterminio y pretendieron relativizar la represión ilegal desde el Estado con el remanido argumento de la guerra (aún en ella hay reglas que se deben cumplir para preservar la integridad y la vida de los capturados) y los excesos.
En cualquier caso, se trata de acciones que buscan, sobre todo ante las nuevas generaciones, reabrir debates que estaban plenamente saldados respecto de la criminalidad de los actos cometidos por un grupo de militares y civiles que usurparon el poder, desplazaron a las autoridades democráticas y desplegaron sin límites su estrategia represiva y económica con la declarada intención de remodelar a la Argentina a su gusto: sin organizaciones políticas y sociales, sin Justicia, sin leyes, sin disidencias, sin participación popular, sin modelo de desarrollo económico, sin demandas distributivas, sin justicia social.
Reabrir la discusión sobre el terrorismo de Estado ha requerido para esos inescrupulosos personajes, ciertamente, un esfuerzo intelectual y moral enorme. Han debido negar el juicio a las juntas militares de 1985 en el que se probó la existencia de un plan sistemático de represión ilegal. También deben fingir demencia ante los miles de testimonios recogidos por la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP) que elaboró un informe categórico sobre las atrocidades institucionalizadas por los responsables de aquella dictadura. Les hizo falta también desconocer los miles de testimonios que en persona dieron los sobrevivientes de campos clandestinos de detención, dando cuenta de los vejámenes a los que fueron sometidos por sus captores mientras permanecían en cautiverio. También han tenido que ignorar las pruebas que surgieron de las autopsias a decenas de cuerpos de personas desaparecidas en nuestro país que fueron apareciendo a lo largo de los años en las costas uruguayas y argentinas. Ideológicamente, se les puso más difícil cuando debieron negar a los propios represores que, arrinconados por sus demonios, salieron públicamente a confesar las violaciones a los derechos humanos que cometieron o presenciaron.
Sólo en ese contexto de tantas negaciones, de ver cómo se pretende desconocer lo evidente -seguramente para generar un nuevo consenso que permita algún día repetir la tragedia- es que cobra sentido la publicación del párrafo que abre este texto. Se trata de unas declaraciones que fueron quedando en el olvido, ofrecidas por el propio Jorge Rafael Videla a los periodistas María Seoane y Vicente Muleiro en 1998, publicadas en el libro El Dictador.
Allí es el propio genocida -que se negó a declarar en los juicios a los que fue sometido- el que admite, entre otras cosas, que los secuestros, las desapariciones forzadas, las torturas y el descarte de los cuerpos no fueron excesos cometidos por subalternos descarriados, sino parte del plan criminal desplegado desde el aparato del Estado y acordado por todos los jerarcas de la dictadura. Uno puede imaginarlos en alguna gris oficina algún día de invierno antes del fatídico 24 de marzo conversando con sus colegas sobre el plan más apropiado para el exterminio.
La cita también estremece cuando Videla admite con frialdad administrativa que el destino final de los cuerpos de los desaparecidos fue el río o el mar.
Lo mismo ocurre cuando explica por qué no se dieron a conocer las listas de los desaparecidos. No le preocupó el sufrimiento de madres, padres, hijos, hermanos que aún hoy esperan saber qué pasó con su familiar. Simplemente, le pareció incómodo tener que dar respuestas. Claro, cuando alguien se erige en amo y señor, dueño de la vida y de la muerte, seguramente no siente la necesidad de explicar nada.
Entre 1976 y 1983, sobre todo en los primeros años, el Estado argentino a través de sus agentes capturaba a ciudadanos argentinos sin orden judicial, clandestinamente, sin informar a nadie su destino. No les reconocía derechos. Los encerraba en centros de detención ilegales y clandestinos ubicados mayormente en unidades militares o policiales. Los sometía a vejámenes y torturas inimaginables. En algunos casos los violaban. En cientos de casos, mantuvieron con vida a las mujeres embarazadas hasta que daban a luz, les robaban el bebé, y luego las mataban. Muchos eran arrojados al mar o al río desde aviones oficiales, a veces muertos, a veces aún con vida. Muchos otros eran enterrados en fosas comunes, sin identificación. Es decir, permanecen desaparecidos.
Eso ocurrió según las víctimas sobrevivientes, los testigos, las pruebas, la Justicia, e incluso muchos represores. Negarlo o relativizarlo es también una aberración imperdonable.
