La 5° Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios docentes y no docentes y las organizaciones estudiantiles, tiene un reclamo central: que el Gobierno nacional cumpla efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario y garantice los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas.
A diferencia de las primeras movilizaciones, centradas principalmente en los recortes presupuestarios, esta jornada incorpora un conflicto jurídico concreto. Las organizaciones universitarias denuncian que el Poder Ejecutivo continúa sin aplicar una ley vigente, pese a los pronunciamientos judiciales que ordenaron su cumplimiento.
Las demandas se ordenan en cinco ejes, que figuran en las convocatorias institucionales de distintas casas de estudio, el CIN y las organizaciones sindicales.
Los cinco ejes del reclamo
El primero es la aplicación integral de la norma aprobada por el Congreso y el cumplimiento, por parte del Ejecutivo, de las decisiones judiciales vinculadas con su implementación. El segundo apunta a la recomposición de los salarios docentes y no docentes: se busca recuperar el poder adquisitivo perdido desde fines de 2023 y obtener respuestas a través de la negociación paritaria.
El tercer eje es el Presupuesto 2027. El CIN solicita recursos superiores a los contemplados en el proyecto del Gobierno, tanto para gastos operativos como para sostener las actividades académicas. El cuarto reclamo pide actualizar los montos de las becas estudiantiles, con el objetivo de sostener el acceso y la permanencia de los alumnos.
El quinto punto se refiere al financiamiento de la investigación científica: las universidades exigen preservar esas actividades, la infraestructura y la continuidad del sistema científico nacional.
Lo que muestran los números
Para 2026 el Gobierno prevé gastos por $6,2 billones en educación superior. La cifra representa un incremento real del 5% respecto de 2025, pero se ubica un 25,3% por debajo de lo invertido en 2023. Para igualar esos valores, el Ejecutivo debería destinar $8,3 billones este año. En los primeros nueve meses ejecutó $4,2 billones, el 69% del total anual.
El proyecto de Presupuesto 2027 prevé $7,5 billones, prácticamente sin cambios en términos reales respecto de 2026. Para alcanzar el nivel de inversión de 2023, ese monto debería llegar a $10 billones.
En cuanto a los hospitales universitarios, uno de los reclamos del CIN a comienzos de año, los fondos ejecutados hasta septiembre ($127.000 millones) superaron los gastos previstos para todo 2026 ($114.000 millones).
El salario docente
En septiembre de 2026, un docente auxiliar de primera con dedicación simple (nueve horas semanales) y diez años de antigüedad percibió un salario de $421.236, según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). El monto implica una caída del 24,2% respecto de noviembre de 2023.
A principios de junio, el Gobierno y los gremios universitarios acordaron un aumento del 24,3% para los salarios docentes y no docentes, en dos cuotas: 21,3% en junio y 3% en octubre.
Sin embargo, la Ley de Financiamiento establece la actualización de los salarios por inflación desde noviembre de 2023. Para cumplirla, el haber de ese cargo debería aumentar un 32% adicional, hasta alcanzar los $556.000.
Por qué el conflicto llegó a la Justicia
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada en forma definitiva por el Senado en agosto de 2025. En septiembre de ese año, el presidente Javier Milei la vetó con el argumento de que la norma no incluía las fuentes de financiamiento para los aumentos que proyectaba.
El Congreso rechazó el veto, pero el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que suspendía la ejecución de la ley hasta que el Parlamento indicara las fuentes de financiamiento. A pedido del CIN, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 11 declaró la inconstitucionalidad de ese decreto, una decisión que el Gobierno apeló.
Mientras se resuelve la cuestión de fondo, la Justicia dictó una medida cautelar que obliga a algo obvio: cumplir la ley. La medida fue ratificada por la Corte Suprema, pero el Gobierno sigue sin aplicar la norma. Por ese incumplimiento, el juez federal Martín Cormick impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Este jueves, en plena movilización, las multas quedaron suspendidas por ahora, luego de que la Cámara de Apelaciones aceptara tratar un recurso del Ejecutivo.
