La Cámara de Diputados buscará hoy aprobar el proyecto de financiamiento de las campañas políticas que, entre otras cuestiones, levanta la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar dinero a las campañas y bancariza esas colaboraciones, con el objetivo de que no haya fondos provenientes de actividades ilícitas.
El proyecto iba ser debatido la semana pasada pero la sesión se pospuso por la virtual parálisis legislativa que generó la campaña electoral en Córdoba. La cantidad de diputados nacionales por ese distrito (18) y sus justificadas ausencias en Buenos Aires, motivaron la decisión de suspender la convocatoria, ya que la ley de financiamiento político se tiene que votar con mayoría calificada de 129 votos positivos.
La iniciativa fue aprobada en abril por el Senado, con 48 votos a favor y solo 2 en contra. El único punto del proyecto que fue rechazado es el que habilitaba el aporte de los sindicatos.
PUNTOS CENTRALES
- Se elimina la posibilidad de hacer donaciones en efectivo. Los aportes sólo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito.
- El proyecto habilita el aporte de personas jurídicas, estableciendo un tope del 2 por ciento sobre el total de los gastos permitidos para un partido.
- Se propone que aquellas empresas que provean publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral.
- Se establece la obligatoriedad para que organismos públicos (como UIF, PROCELAC, AFIP, ANSES, IGJ, Of. Anticorrupción, entre otros) compartan la información con la Justicia Electoral, a los fines de combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas, o simplemente para controlar mejor los aportes y gastos.
- Las agrupaciones políticas que se presentan a elecciones deben designar dos responsables económico financieros. El proyecto incorpora la obligación de que uno sea un contador público matriculado, mientras que el otro debe ser autoridad partidaria.
- Se extiende el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de 15 a 30 días.
- Se promueven sanciones para el clientelismo político y el uso de recursos públicos con fines partidarios
- Los aportes extraordinarios previstos por la ley de financiamiento para cubrir gastos no electorales sólo serán accesibles para los partidos que no estén cumpliendo sanciones vinculadas al régimen de financiamiento.
- Se habilita la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen de financiamiento nacional
- Se aumenta la composición del cuerpo de auditores contadores de la Cámara Electoral, creando 17 cargos nuevos, con el fin de mejorar sustantivamente el control del financiamiento.
