La CPM apuesta a una transformación de la política hacia la niñez

Tras denunciar detenciones arbitrarias, vejaciones y torturas sobre niñas y niños, la Comisión Provincial por la Memoria hizo un llamado al nuevo gobierno.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció “detenciones arbitrarias,  vejaciones y torturas” a menores en territorio bonaerense y confió en que la política hacia la niñez cambie con el cambio de gobierno.

“Torturas a un joven de 17 años en Ensenada; golpiza y amenazas de gendarmes sobre un niño de 15 años en La Matanza y requisa policial vejatoria sobre una niña de 16 años que volvía de la escuela a su casa en Lomas de Zamora. Tres casos graves registrados en las últimas semanas y sobre los que interviene judicialmente la Comisión Provincial por la Memoria, dan muestra de la creciente y sistemática violencia policial sobre los derechos de niñas y niños en el territorio bonaerense, con vejaciones físicas y psicológicas que encuadran en el tipo penal de tortura y que requieren, por ese motivo, la acción urgente de las unidades fiscales para el avance de cada investigación”, señala la CPM.

Para el organismo, “los hechos denunciados resultan graves y preocupantes no sólo por la edad de las víctimas si no porque la producción de prueba en los delitos que se deben investigar requiere la urgente intervención fiscal y la correcta calificación jurídica”.

En este sentido, el 3 de diciembre por la madrugada un joven de 17 años salió en dirección a la casa de un amigo en busca de un CD. Cuando emprendió el regreso hizo una parada en la vivienda de otro amigo justo antes de que irrumpieran en ese inmueble 10 agentes de la Policía bonaerense. “El joven fue aprehendido por los efectivos que le colocaron esposas y comenzaron a golpearlo”, denuncia la CPM. “Alrededor de las 2 de la madrugada lo trasladan a la Comisaría 2 de Punta Lara donde lo obligan a desnudarse, lo golpean y le exigen que hiciera sentadillas y flexiones de brazos. Siempre mediante amenazas de que sería violado”, apunta el texto.

Para la CPM estas prácticas y los graves sufrimientos físicos y psíquicos causados a la víctima constituyen el “resultado lesivo típico del delito de torturas”, por lo que solicitó a la fiscalía “la aplicación de los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, establecidas en el Protocolo de Estambul”, como la realización de un amplio informe médico respecto de la víctima dentro de las 24 horas de recibida la denuncia o iniciada la investigación preliminar, que deberá ser elaborado por los Cuerpos Periciales de la Suprema Corte de Justicia.

“Cabe destacar que una semana antes pero en el partido bonaerense de Matanza había ocurrido otro episodio similar”, señala la CPM, aludiendo a un hecho del 26 de noviembre. “Un joven de 15 años regresaba a su casa luego de comprar pan cuando repentinamente fue aprehendido, esposado y golpeado por un grupo de entre 8 y 10 gendarmes”, señalan desde la Comisión. Hasta hoy, su familia ha registrado en varias ocasiones a miembros de Gendarmería detenerse frente a la casa del niño filmando con sus celulares.

El tercer caso de gravedad ocurrió el 9 de noviembre, en Lomas de Zamora, cuando una niña regresaba de la escuela y fue abordada por policías que bajaron de un auto sin la chapa de patente. “Frente a la presentación de habeas corpus preventivo iniciado por la Defensoría Oficial 4 departamental a cargo de María Fernanda Mestrín, la CPM se presentó como amicus curiae”, explicaron. De acuerdo al relato de la víctima, los policías le exigieron el documento mientras la interrogaban en plena vía pública acerca del lugar al que se dirigía. Luego le revisaron su mochila y apareció una persona que preguntó qué sucedía con la joven, motivo por el que el “procedimiento” terminó.

El organismo advierte que “estos casos recientes preocupan a la CPM porque a la intervención ilegal, arbitraria y violenta por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad se suma, en muchos casos, la ausencia de control judicial y de los organismos de protección de la niñez”. “El cambio de gobierno es una oportunidad para transformar la política hacia la niñez y adolescencia, abandonando la demagogia punitiva que sostiene que la persecución penal es la solución para el conjunto de problemas y violencias que atraviesan al sector más vulnerable de la sociedad”, amplía el texto.