Eduardo Gómez, abogado de la familia del joven baleado en un allanamiento erróneo en Villa Centenario, confirmó que apelará el fallo de la jueza Marisa Salvo (a cargo del juzgado de garantías N° 5 de Lomas de Zamora), que cambió la carátula de “intento de homicidio” a “lesiones graves”, lo que permitió la excarcelación del efectivo.
“Lo que hacemos es apelar porque más que erróneos son una barbarie los argumentos de la jueza. Es imposible que cambie la carátula. La mentira que generó el policía en sus declaraciones dan cuenta que no es así nada de lo que sucedió, y también hay una mala predisposición de la jueza, que busca excusas para descalificar los argumentos”, explicó Gómez, en diálogo con Info Región.
Y planteó: “Hay muchas cosas que se pueden salvar. De hecho uno de los argumentos de la jueza fue que al joven no se le tomó declaración, cuando él estuvo el 80 por ciento del tiempo internado y no estaba en condiciones de declarar”.
El efectivo acusado de balear a un joven fue liberado luego de que la Justicia diera marcha atrás con el cambio de la carátula y vuelva a considerarse como “lesiones graves”, cuando había sido modificada a “intento de homicidio” días antes.
Gómez pretende que “se revierta el fallo, se detenga al policía, y se amplíe la investigación para investigar posible delito de acción pública al resto de los integrantes de esa comitiva de la policía”.
En otro orden, el abogado calificó de “una locura y una barbaridad” que se haya rechazado a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos como querellante porque “el menor de edad no murió y no constituye un tema de interés colectivo”, como señaló el comunicado de la entidad. “Pusieron como argumento que el joven no había fallecido, y que sólo en caso de fallecer hubiera estado legitimado. Hay falta de criterio y de coherencia. No existe análisis. Le generaron un inconveniente a esa familia de por vida”, concluyó el letrado.
EL HECHO
Los agentes habrían actuado de manera arbitraria no solo por el uso de la fuerza desplegada, sino porque también habrían ingresado a domicilios no requeridos por la orden de allanamiento, secuestrando bienes personales de los habitantes y construyendo una versión que intentaría justificar su accionar irregular. Por ello es que, además, se pidió investigar la legalidad de la conformación del acta realizada por los agentes, atento a una posible falsedad de documento público.
Días más tarde, el efectivo, del Grupo Apoyo Departamental (GAD) con jurisdicción en dicho partido de la zona sur del conurbano, fue desafectado de la fuerza y la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial le abrió un sumario.
