Familiares de víctimas pidieron hacer un aporte a la Reforma Judicial

A través de una carta, solicitaron “la ampliación de la participación de las víctimas como querellantes en el proceso judicial” y “la creación de un organismo estatal que lo garantice”.

Oscar Castellucci

Un grupo de familiares de víctimas de delitos contra la vida y la integridad sexual se pronunció a favor de la Reforma Judicial, que ya obtuvo media sanción en el Senado, y solicitó que a los temas que estudiará y debatirá la Comisión Asesora de especialistas se agreguen “la ampliación de la participación de las víctimas como querellantes en el proceso judicial” y “la creación de un organismo estatal que lo garantice”.

Oscar Castellucci, el titular de la Asociación Civil Martín Castellucci (ACMC) que nació hace 13 años, tras el homicidio de su hijo Martín, es también impulsor, junto con otros familiares de víctimas, de la Ley 26.370. Oscar recordó que “desde hace una década” luchan por el reconocimiento de los derechos de las víctimas y las familias de víctimas de delitos contra la vida y la integridad sexual. 

En el marco de su lucha y ante el vigente tratamiento del proyecto de ley para la Reforma del Poder Judicial que presentó el Ejecutivo, familiares de víctimas redactaron una carta para realizar dos aportes al proyecto. “Estamos pidiendo que se nos incorpore como expositores cuando la Comisión Asesora de la reforma trate los temas, para plantear la necesidad de la ampliación de la participación de las víctimas como querellantes en el proceso judicial y la creación de un organismo estatal que lo garantice”, señala. 

“Con estos dos puntos lo que queremos pedir como máxima es que no puede haber un proceso judicial en ausencia de la víctima, el querellante tiene que tener los mismos derechos que el imputado y el Estado debe garantizar la defensa a la víctima sin afectar el patrimonio de quienes no tengan recursos”, indicó Castelucci. 

Cabe destacar que en el país actualmente se encuentra vigente la Ley de Víctimas (27.372) que establece que “las personas que sufren un delito tienen derecho a ser asesoradas, acceder a la justicia, recibir protección y a ser escuchadas durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la pena”. Sin embargo, a pesar de ser una ley nacional sancionada y reglamentada, no todas las provincias se han adherido a su aplicación, incluida Buenos Aires. 

“Ese también es un pedido, queremos aprovechar la circunstancia para reclamarlo, porque si bien las leyes son de orden público, deben cumplirse más allá de las adhesiones. La Justicia debe hacer que cada jurisdicción tenga que adherirse, es una problemática que también debe ser trabajada”, sostuvo Catellucci. 

 “Si el querellante no tiene un abogado, la justicia no existe”

En diálogo con Info Región, el titular de la ACMC desarrolló los dos puntos “fundamentales” que desde la Asociación consideran que deben estar contemplados en la reforma referidos al rol de la víctima o de su familia (parte querellante), frente a un proceso judicial. Castelucci remarcó que entre ellos “son intrínsecos”, ya que el primero sólo podrá ser factible si se cumple el segundo. 

“Lo que pedimos en primera instancia es que el querellante tenga la misma presencia y la misma participación en el proceso judicial que tiene el imputado, porque actualmente el Estado le proporciona al imputado un abogado oficial si no tiene recursos o si no quiere defenderse, porque es su derecho y su obligación presenciar el proceso”, señaló Castellucci, quien apuntó que “contradictoriamente, las víctimas no tienen esa posibilidad”. 

“En el caso de que la parte querellante no pueda pagar los servicios de un abogado, el juicio puede hacerse sin la víctima. Entonces lo que queremos es que se iguale a la víctima con el victimario, que tengan los mismos derechos”, insistió. 

A su vez, Castelucci remarcó que para garantizar los derechos de las víctimas el segundo punto que van a presentar para ser tratado en el marco de la Reforma Judicial, será el pedido de la creación de un organismo estatal que “coordine, asesore y acompañe las víctimas o a sus familias”. 

“Tiene que haber una estructura del Estado, que esté destinada a que los delitos que implican un atentado contra la vida o hacia la integridad sexual, sean reconocidos. Que al igual como sucede con los imputados, que no pueda haber un juicio sin la participación de la víctima, eso hoy sucede y no queremos que suceda más. Queremos que se cree la estructura para los querellantes, el Estado tiene que hacerse cargo de proporcionarle un abogado a quienes no pueden constituirse como querellantes del juicio, porque si el querellante no tiene un abogado, la Justicia no existe”, planteó Castellucci. 

El proyecto de la Reforma del Poder Judicial obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y debe ser tratado en Diputados.

La carta con el pedido

Entre los familiares de víctimas de delitos contra la vida y la integridad sexual que firmaron la carta para realizar el pedido se encuentran: Stella Maris Diaz, madre de Romina Acuña asesinada en Almirante Brown, Arnulfo Arnaldo Gallo, papá de Pablo José Gallo, atropellado en Rafael Calzada y Oscar Castellucci, papá de Martín Castellucci, asesinado en Lanús.

FAMILIARES DE VÍCTIMAS Y REFORMA JUDICIAL

Los abajo firmantes, víctimas en el sentido que lo establece la Ley N° 27.372, creemos en el diálogo, y aspiramos, desde nuestra condición no elegida de víctimas, a sumar nuestra voz en la construcción de una sociedad mejor.

La tragedia que nos impuso nuestra situación personal nos obligó a transitar durante años el laberinto del Poder Judicial, con resultados diversos (algunas veces obtuvimos algo de justicia, otras veces, poco; y muchas, nada). Pero, cualquiera fuese el resultado de los procesos judiciales que nos involucraron, nunca bajamos los brazos. Y muchos de nosotros, de distintas maneras, acompañamos, después, a otras víctimas que involuntariamente ingresaban a nuestro mundo. Así, fuimos protagonistas primero, y testigos después, de un sinfín de inequidades en el ámbito judicial. Y aprendimos, duramente, en ese camino, a ser solidarios; que el odio solo sirve para destruir y nunca para construir; que los derechos humanos deben ser plenos, para todos (y no solo para los que están de nuestro lado del mostrador); que no queríamos ni mano dura, ni mano blanda, sino Justicia; que la “justicia por mano propia”, no era justicia, sino venganza; y que nadie tiene derecho para decidir sobre la vida de otro.

Desde ese lugar y con esa mirada, queremos compartir nuestra opinión sobre la propuesta de que se lleve a cabo una profunda reforma judicial.

En ese contexto, decimos que apoyamos la realización del imprescindible debate parlamentario sobre la Reforma al Poder Judicial, en la dirección del proyecto planteado por el Poder Ejecutivo Nacional, con la convicción de que es el único camino para avanzar en la construcción de una Justicia más humana, más transparente, más ágil, más comprometida con los derechos de las víctimas y con perspectiva de género. Es decir, de una Justicia más justa.

Para lograr ese objetivo, además de reiterar la necesidad del cumplimiento pleno, efectivo y real de la Ley N° 27.372 (Derechos de las personas víctimas de delitos) en todos sus términos y en todas las jurisdicciones nacionales, sugerimos que sean incorporados a los temas que estudiará y debatirá la Comisión Asesora de especialistas que se creará para la elaboración de una propuesta de reforma de la Justicia, los siguientes puntos:

1) Profundización y ampliación de la ineludible participación de las víctimas como querellantes en el proceso judicial;

2) La creación de un organismo estatal que garantice el pleno cumplimiento del patrocinio gratuito para todas las víctimas de delitos contra la vida y la integridad sexual de las personas, sin delegarlo en ninguna otra institución, de modo que víctimas y victimarios queden en pie de igualdad ante la Ley.