Ley de Víctimas: la importancia de una ley que fue olvidada en la Provincia

La ley fue sancionada a nivel nacional en 2017, pero la provincia de Buenos Aires aún no adhirió. ¿Por qué es tan importante su aplicación?

Le ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos (27.372), que garantiza los derechos de las víctimas y la participación a los familiares de víctimas en el proceso penal fue sancionada hace dos años a nivel nacional pero la provincia de Buenos Aires no adhirió. La polémica que se generó por la aprobación de un habeas corpus que beneficiaba con la prisión domiciliaria a presos que se encontraran vulnerables frente al contagio de Covid-19, volvió a poner sobre la mesa la importancia de la aprobación en el territorio bonaerense.

La ley contempla la creación de centros de protección a las víctimas de delitos en todo el país, asesoramiento psicológico y el nombramiento de un abogado de manera gratuita. Además, los familiares deberán ser informados sobre el avance de las causas y podrán participar en la formación de las pruebas y en la ejecución penal, y ya no sólo en el juicio oral. Pero eso en la provincia de Buenos Aires no ocurre. 

Luego de reiteradas denuncias de familiares y de víctimas que se ampararon en la ley y aseguraron no haber sido notificados sobre la liberación de sus respectivos agresores, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires aclararon que la Provincia no adhirió; es decir, no tienen por qué enterarse los familiares de las víctimas que los acusados o condenados están próximos a ser beneficiados con prisión domiciliaria, por ejemplo.

“La provincia de Buenos Aires no ha adherido a la Ley Nacional de Víctimas. El Colegio provincial promueve que se proceda a su adhesión legislativa, para que las víctimas y sus familias puedan ser escuchadas y ejercer así plenamente sus derechos”, aludieron desde el Colegio, en referencia al accionar del juez de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Violini, que aceptó el pedido de reclusos en un hábeas corpus colectivo sin informarle a las familias correspondientes. 

¿Por qué es tan importante la aplicación de la ley?

En la Región, la polémica se centró en el caso de una niña de 13 años que fue violada en la localidad de Burzaco. Por el hecho está acusado Pedro Olmos, vecino de la chiquita, que se encontraba detenido pero fue beneficiado con la prisión domiciliaria, por ser considerado una persona del grupo de “riesgo” ante el avance del coronavirus. 

La familia de la víctima no supo de este fallo si no hasta después de que el acusado se encontrara cumpliendo la prisión domiciliaria a tan solo 30 cuadras de distancia de la casa de la menor. Inmediatamente el abogado de la familia, Gastón Santilli, criticó el accionar de la Justicia: “Nos enteramos cuando él (Olmos) ya estaba en su casa, nunca nos informaron, a pesar de que es previsión específica de la Ley de Víctimas, que establece el derecho que tiene una víctima de cualquier tipo de delito a ser escuchada y ante cualquier pedido de esta índole debe ser consultada y notificada”, sostuvo. 

Sin embargo, como la ley no tiene aplicación en la provincia de Buenos Aires, los derechos de las víctima se ven vulnerados y sin un marco legal que ampare el reclamo. 

Otro ejemplo que deja en evidencia la necesidad de la adhesión a la ley que entró en vigencia hace tres años y fue reglamentada hace dos, es el de Melisa Tuffner. La joven fue asesinada en julio del 2015 camino a la cancha de Temperley, por el hecho fue condenado Oscar “El Buey” Sosa, quien deberá cumplir 24 años de prisión. 

A pesar de que la familia logró hacer justicia, Lorena, la hermana de la víctima, aseguró que en primera instancia les habían ofrecido un juicio abreviado, instancia en la que la pena máxima sería de 12 años de prisión.  “Nosotros tuvimos suerte y nos sentimos muy acompañados por todos los fiscales que intervinieron, por eso pudimos estar informados de la causa y se logró lo que se logró, pero no siempre es así. Es importante que la La Ley de Víctimas rija en la Provincia porque le da un apoyo a las familias, en muchos aspectos y ademas les permite tener esa seguridad de que primero se va a encontrar al culpable, segundo va a ser condenado y tercero, que la condena sea firme”, aseguró Lorena. 

Actualmente la Suprema Corte suspendió provisionalmente la disposición del Tribunal de Casación Penal que permitía la prisión domiciliaria de reclusos considerados dentro de los factores de riesgo. Sin embargo, la Ley de Víctimas no rige en la Provincia y la esperanza de los familiares de víctimas, así como de sus representantes ante la Justicia, es que la polémica permita una rápida adhesión.