Desde julio, miles de personas estaban instaladas en un predio de Guernica, partido de Presidente Perón, y ayer se efectivizó la orden de desalojo, dispuesto por la Justicia. Las críticas, por la violencia, fueron inmediatadas. “La usurpación ilegal es inadmisible”, consideró Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora.
El barrio 20 de Julio (los barrios suelen tener como nombre a fecha de la toma) fue desalojado ayer, en medio de balas de goma y gases. Organismos de derechos humanos repudiaron, de inmediato, la violencia con la que la Policía de la provincia de Buenos Ares avanzó sobre las precarias casillas. En este marco, el jefe comunal expresó su respaldo al gobierno bonaerense y postuló que se garantiza “el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la garantía a la propiedad privada”.
“Estamos poniendo a la Provincia en marcha a partir de consensos básicos: el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la garantía a la propiedad privada. El Gobierno está ocupándose de brindar oportunidades de desarrollo y resolver el problema habitacional en el marco de la Ley”, indicó el jefe comunal que en septiembre se había reunido con pares de la Región para analizar justamente las tomas.
Asimismo, el intendente lomense resaltó el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat presentado hace pocas semanas por el gobernador Axel Kicillof, “que promueve la inclusión y el acceso a la vivienda digna”. “La usurpación ilegal es inadmisible”, sentenció.
Unos 4.000 policías, encabezados por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, desalojaron ayer las 100 hectareas ocupadas en el barrio San Martín de Guernica, en el partido de Presidente Perón. LLegaron a la madrugada y muchas familias tuvieron que salir corriendo con lo puesto, mientras algunos resistieron tirando piedras y palos. Las postas de goma y los gases lacrimógenos fueron la respuesta de la Policía. Hubo decenas de detenidos.
Con la primera luz natural, el cordón de efectivos, protegidos con escudos, avanzó sobre el terreno. Luego, fueron las máquinas del Municipio las que derribaron toda casilla que quedara en pie. El desalojo fue dispuesto por el juez de Cañuelas, Martín Rizzo.
