Alak avanza en la definición de los protocolos para las visitas en las cárceles

Tras un fin de semana convulsionado por motines en distintos penales, entre ellos el de Lomas de Zamora, las autoridades definen el protocolo. Las visitas se reanudan a mediados de mes.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires comenzaron esta semana a definir el protocolo que se implementará para las visitas de familiares a presos, un reclamo que se escuchó con fuerza el fin de semana. Motines, toma de rehenes y heridos fueron parte de las protestas.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, se reunió con la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del ministerio de Salud de la Provincia, Leticia Ceriani, y con la directora provincial de Salud Comunitaria, Noelia López, con el objetivo de trabajar conjuntamente un protocolo de visitas de familiares a personas privadas de la libertad.

También fueron parte de la reunión el Jefe del Servicio Penitenciario, Xavier Areses, el Subjefe, Juan Vaccaro, el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Santiago Ávila; la directora provincial de Salud Penitenciaria, Sonia Quiruelas, y el director de Medicina Asistencial, Martín Pedersoli.

La reanudación de las visitas fueron definidas el sábado pasado, tras una seria de motines en distintos penales de la provincia de Buenos Aires. En muchos hubo toma de rehenes y trabajadores del Servicio Penitenciario Bonaerense heridos.

En la Unidad 40 de Lomas de Zamora, por ejemplo, seis agentes fueron tomados como rehenes durante varias horas. Recién fueron liberados a las 21, tras mantener negociaciones y luego de que se anunciara que las visitas se reanudarían este mes.

El mismo sábado, el Servicio Penitenciario Bonaerense informó que “el sábado 14 de noviembre se habilitarán las visitas a la unidades penitenciarias de la Provincia, dando estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitaria para la preservación de la salud pública”.

Vale recordar que las visitas de familiares de internos fueron suspendidas en un acuerdo voluntario entre autoridades e internos el 12 de marzo de este año, de conformidad a la normativa nacional y provincial que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para evitar la propagación del Covid-19 en las cárceles.