Las comisiones Banca de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales, y Salud retomaron la discusión en torno al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que tiene media sanción y se debatiría en el recinto el martes 29.
“Legalizar el aborto salva vidas de niñas que fueron embarazadas por violación, ellas triplican su riesgo de morir en el parto con respeto a las más grandes. La legalización también evita secuelas de por vida por complicaciones en el embarazo y parto”, advirtió Stella Mazano, especialista en Tocoginecología y Medicina Legal.
Por su parte, la médica obstetra María de Urraza planteó: “Esta ley tiene como objetivo promover el aborto genésico, legitimar lo que ya realizan los hospitales, el aborto a libre demanda y sin limite de edad gestacional y amedrentar a los médicos que nos resistimos a obrar en contra de nuestra conciencia”.
Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, precisó: “Considerando el precio del misoprostol al valor del precio de mercado -el más caro que podríamos tener-, la diferencia es indiscutible: hoy estamos gastando mucho más por no hacer los abortos en el sistema legal”.
El lunes expusieron en comisiones el ministro de Salud, Ginés González García; de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Al inicio de la exposición, los representantes del Poder Ejecutivo aseguraron que los abortos clandestinos constituyen un problema de salud pública y de justicia social. En ese marco, recordaron que el proyecto de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo fue enviado junto con el de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que son dos iniciativas que dialogan entre sí entendiendo que el Estado debe acompañar a todas las mujeres y personas gestantes en los proyectos de vida que elijan.
Ginés González García afirmó que “el aborto tal como está causa muertes. La penalización solo estigmatiza a las mujeres más vulnerables porque hace que lleguen más tarde a los servicios de salud. Entonces este es un problema de salud pública, equidad y justicia social”, señaló. “Desde el punto de vista de prevención, el proyecto busca reducir la mortalidad materna, la morbilidad materna y los ingresos y egresos hospitalarios como consecuencia de este tipo de abortos inseguros. Ademas en la prevención, con la ley 25673 de salud sexual y procreación responsable, la Nación Argentina ha intentado que haya acceso efectivo, global y equitativo a todos los métodos anticonceptivos y sobre todo tenemos una distribución con equidad”, sostuvo el ministro.
Luego, Gómez Alcorta, expuso los detalles técnicos referidos a los aspectos de despenalización en el proyecto de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Post Aborto y señaló: “Estamos convencidas y convencidos que este proyecto junto al de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia vienen a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto y lo que no podemos hacer es seguir mirando a otro lado”.
Y continuó: “Tenemos sobradas evidencias al día de hoy que con la legalización se disminuye la mortalidad materna, se eliminan los riesgos en la salud de las mujeres y disminuyen los abortos. Las prácticas de legalización en distintos países del mundo demuestran que existe un círculo virtuoso una vez que los abortos están legalizados, en términos de mayor acceso a la información, a la anticoncepción post aborto y el acompañamiento de consejerías. Y tenemos experiencias que muestran que también disminuyen los abortos. Tenemos una responsabilidad histórica de asegurar que es nuestro país nunca más una mujer muera por un aborto clandestino”.
El plan de trabajo incluye para esta semana cuatro plenarios de las comisiones a las que fue girada el viernes la iniciativa: Justicia; Asuntos Penales y Salud; y Banca de la Mujer.
El proyecto fue girado al Senado el viernes, luego de haber sido aprobado en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018. Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.
EL PROYECTO
El proyecto de legalización del aborto, enviado por el Ejecutivo pero con cambios de Diputados, permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.
El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.
