La Cámara de Apelaciones ratificó la carátula de “lesiones graves” en el caso del adolescente que perdió un ojo, en el marco de un allanamiento en Lomas de Zamora. De esta manera, rechazó los tres recursos presentados por el particular damnificado, la fiscalía y los organismos de derechos humanos.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones Departamental confirmó la resolución del Juzgado de Garantías N°5, a cargo de la jueza Marisa Salvo, la cual al pasar de “intento de homicidio” a “lesiones graves” permitió la excarcelación del oficial acusado de balear en la cara a un joven de 17 años, quien perdió un ojo. “Es un absurdo del derecho. Es muy paupérrimo y triste. Desde el punto de vista del derecho, podemos decir que cumplieron y se lo sacaron de encima”, criticó Eduardo Gómez, el abogado que representa a la familia del adolescente.
“Ellos apuntan más bien a que todavía hay todo un proceso para determinar la culpabilidad o no, y que en esta etapa se buscaría determinar si es viable la excarcelación o no”, sostuvo, a la vez que alertó que “hay juzgados que tienen características más proclives al a la institución policial y otros que no”.
El letrado hizo hincapié en que no se tuvo en cuenta el argumento principal: “Son profesionales, son gente preparada, no pueden equivocarse tan alevosamente en la investigación y en el señalamiento del lugar. No es una broma eso. Se les paga para eso, se los prepara y se les pone un arma en la mano para que ejecuten las medidas como corresponde”, y recordó que “una persona perdió un ojo, se le arruinó la vida”.
Asimismo, Gómez aseguró a Info Región que volverán a pedir el cambio de carátula y también que se investigue a los efectivos del operativo. “El cambio de calificación legal lo vamos a solicitar, y no solamente eso, también que sean llevados a proceso e investigados”. “Estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Lamentablemente tendremos que seguir luchado con este tipo de barbaridades“, lamentó.
EL HECHO
Los agentes habrían actuado de manera arbitraria no sólo por el uso de la fuerza desplegada, sino porque también habrían ingresado a domicilios no requeridos por la orden de allanamiento, secuestrando bienes personales de los habitantes y construyendo una versión que intentaría justificar su accionar irregular. Por ello es que, además, se pidió investigar la legalidad de la conformación del acta realizada por los agentes, atento a una posible falsedad de documento público.
Días más tarde, el efectivo, del Grupo Apoyo Departamental (GAD) con jurisdicción en dicho partido de la zona sur del conurbano, fue desafectado de la fuerza y la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial le abrió un sumario.
