Juicio Brigadas: Declaró Nora Úngaro, sobreviviente y hermana de un detenido desaparecido

Fue el primer testimonio que se escuchó en la audiencia. Brutal. "La sangre me llegaba a los tobillos e igual te venían a manosear", relató. Walter Docters continuará con la declaración el martes próximo.

Nora Úngaro es una de las sobrevivientes al genocidio y hermana de Horacio, un detenido desaparecido. Este martes prestó declaración en el juicio unificado por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio de Banfield, Quilmes y Lanús, conocido como el Juicio Brigadas. Ella reivindicó la militancia y bregó por justicia. También declaró su hermana Marta y el sobreviviente Walter Docters, pero continuará con su testimonio en la audiencia del próximo martes.

En el marco de la audiencia 26, Nora y Walter contaron los tormentos sufridos en los centros clandestinos de detención e hicieron hincapié en que lo más duro fue el paso por Arana, donde la picana eléctrica era la forma de tortura más común, pero también utilizaban el “submarino mojado” y el “submarino seco”. También hicieron hincapié en la violencia de género que sufrían las mujeres.

El TOF 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar: el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.

Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.

Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

Nora Úngaro fue secuestrada el 30 de septiembre de 1976, cuando tenía 22 años, pero el 16 habían sido chupados su hermano Horacio y un amigo. Entre lágrimas reivindicó la militancia como forma de vida. “No somos la grasa militante, participamos en política porque hay que transformar las cosas. Los chicos eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, militar es tener sensibilidad y compromiso con lo que creemos que es justo”, aseguró. “Han pasado 45 años, esto tiene que ser un Nunca Más de verdad; no es venganza, es justicia lo que reclamamos“, agregó Nora.

Ella fue secuestrada cuando acudió a la casa del amigo de Horacio, Daniel, a buscar el DNI del joven porque su madre estaba preparando un Hábeas Corpus para presentar. Ambos tenían 17 años. Nora fue trasladada, vendada, a una caballeriza y luego llegó a Arana. Apenas entró, fue desnudada y torturada con picana eléctrica. “Me desnudan, me tiran en un elástico (de cama), me golpean y me pasan picana eléctrica. El dolor es tan intenso, quema, se siente el olor a carne quemada. Uno se ahoga en sus propios gritos”, recordó.

Hizo hincapié en que pese a que estaba con el cuerpo destrozado por las torturas y sangraba, fue abusada por represores. “Me llegaba la sangre a los tobillos y aun así te venían a manosear. ¿Quién hace eso?“, se preguntó indignada ante un tribunal que escuchaba con suma atención el relato. En ese contexto, la mujer recordó que “el compromiso era que el que sobreviviera y pudiera salir, le avisara a la familia lo que había visto”. Luego pasó por el Pozo de Quilmes.

Su hermana Marta Úngaro, que declaró después, mostró el boleto estudiantil que Horacio había obtenido en 1975, beneficio suspendido tras el golpe militar y razón por la cual los estudiantes secundarios se movilizaron. “El delito es permanente, hasta que no se lo encuentre, el delito se sigue perpetrando, la desaparición forzada es continua“, reflexionó Marta.

Ella relató el peregrinar junto a su madre en busca de información sobre el estudiante. “Se nos fue la vida tratando de sobrevivir, buscando justicia”, dijo, y reclamó el cese del beneficio de la prisión domiciliaria para represores. “Quiero pedir el cese de la prisión domiciliaria de Juan Miguel Wolk; que vuelva a la cárcel efectiva, es el pedido que le hago a los jueces, que saben la dilación que tuvo este juicio y cuando la justicia tarda no es justicia para nosotros”, pidió.

Walter Docters contó, entre otras cosas, su paso por Arana. “Me golpeó el olor a sangre seca, carne quemada, desechos humanos, vómito. Tuve poco tiempo en poderlo asimilar porque a tres pasos de la entrada estaba una de las salas de tortura, que era de picana eléctrica, me hicieron pasar, me acostaron y me ataron al camastro. Me empezaron a golpear y mientras tanto, me aplicaban corriente eléctrica en general, pero por sobre todo en los genitales, oído, debajo del ojo, la nariz”, describió.

En Arana también sufrimos el submarino mojado, que es meter la cabeza bajo el agua hasta que se le agota la respiración a uno y sacarla, y el submarino seco, con una bolsa de plástico. En una oportunidad nos tuvieron colgados”, apuntó.

El hombre estuvo dos veces en Arana. “La primera vez estuve siete días, me trasladan al Pozo de Banfield, donde me dejaron un día, y me vuelven a llevar a Arana, donde estoy hasta el 5 de octubre”, detalló. En una oportunidad, los represores le permitieron higienizarse, vestirse e ir a visitar de sus padres, su padre era oficial inspector de la Policía y había acordado poder verlo para comprobar que estuviera vivo. Cuando volvió, fue directo a la sala de torturas.

Luego fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de Quilmes, donde compañeras de detención le cantaron el “feliz cumpleaños” (23 de octubre) y sufrió una “paliza infernal”. “Después me dejaron parado, atado, colgado, durante dos días o tres, sin comida, agua ni poder ir al baño”, contó.

Precisó que “Quilmes era un depósito de gente” y “ante protestas, sacaban a 10 compañeros y los fusilaban, los tiraban en la calle y decían que eran muertos en enfrentamientos, pero no”. “Ellos estaban con nosotros, no había enfrentamiento, estaban atados de pies y manos”, apuntó.

Un punto a destacar de la declaración de Walter fue el tratamiento que sufrieron las mujeres en los centros clandestinos de detención porque “tenía un un doble castigo: ser militantes y su condición de mujer, que era un bien de uso para todos los asesinos”. “Las mujeres eran vejadas, ultrajadas y torturadas”, amplió.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el 18, a las 9.30. Docters continuará con su declaración testimonial en calidad de sobreviviente y se sumarán otros tres testimonios, los que estaban previstos para esa audiencia.

EL JUICIO

El juicio comenzó el 27 de octubre pasado y se extenderá por varios meses. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz , Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.

En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.

En tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.

El 24 de noviembre, en el marco de la quinta audiencia, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.

En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.

Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.

En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.

El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, en la audiencia siguiente, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Dio detalles sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.

En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado. 

En la jornada siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.

La duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.

En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.

La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.

El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.

En la siguiente audiencia fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.

En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.

En la siguiente audiencia declaró el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.

En la audiencia 19 fue el turno de Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.

En la siguiente audiencia se escucharon los testimonios de dos víctimas. Se trata de María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).

En la jornada 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.

En la audiencia 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por el Pozo de Arana, el de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.

En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramática de la audiencia.

En la audiencia 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en una industria Saiar de Quilmes.

El siguiente martes fue el turno de Pablo Díaz, quien hizo foco en la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres y el tratamiento como mercancía de las embarazas. Él fue secuestrado durante los operativos enmarcados en La Noche de los Lápices y relató los tormentos sufridos: picana eléctrica, tenazas y golpes. Pidió que los represores no sean beneficiados con la prisión domiciliaria y bregó porque la Justicia no se demore otros 37 años.

La audiencia 26 contó con los testimonios de Nora y Marta Úngaro, la primera estuvo secuestrada durante los años de plomo y ambas son hermanas de Horacio, quien continúa desaparecido. También se escuchó la primera parte del testimonio de Walter Docters. “Uno se ahogaba en sus propios gritos”, aseguró Nora, recordando las sesiones de tortura, que no impedían que los represores abusaran de las mujeres. “Me llegaba la sangre a los tobillos y aún así te venía a manosear”, precisó. “Su condición de mujer era un bien de uso para los asesinos”, apuntó Docters.

LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.

El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y en él a los detenidos se los sometía a torturas con picana eléctrica, submarino seco y a simulacros de fusilamiento y también eran víctimas de violencia sexual. Pasaron por allí 183 víctimas.

El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.