Pablo Díaz fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976, en el marco del operativo conocido como La Noche de los Lápices. Pasó por Arana, donde fue torturado, y luego fue trasladado al Pozo de Banfield. En su declaración pidió que le saquen el beneficio de la prisión domiciliaria a los represores y bregó por justicia. “Ojalá no haya otros 37 años de espera”, dijo entre lágrimas.
Declaró este martes ante el TOF 1 de La Plata, en el marco de la audiencia 25 y relató todos los tormentos sufridos en su paso por el campo de Arana y el Pozo de Banfield. Contó que fue sometido a la picana eléctrica, a la práctica denominada “tenazas” y golpeado. Hizo hincapié en el trato como “mercancía” de las embarazadas en Banfield y como había compañeros de detención que iban a sesiones de tortura y no volvían.
“Agradezco haber sido víctima tan joven y estar hoy en el juicio pudiendo testimoniar”, planteó Pablo Díaz ante el TOF 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- que juzga a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar: el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
Pablo tenía 16 años cuando fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976 en su vivienda, ubicada en la calle 10 entre 40 y 41 de La Plata. Eran las 4 de la madrugada cuando un grupo de tareas de distintas fuerzas de seguridad entró a la casa. Recordó que él ya sabía que había secuestro de estudiantes secundarios y supo, en cuanto entraron, que iban por a buscarlo a pesar de tener seis hermanos. La certeza radicaba en que había tenido participación en centros de estudiantes y organizaciones estudiantiles, que fueron prohibidos con la dictadura. “Pudimos haber sido chicos que resistimos”, consideró, y precisó que eran definidos como “potenciales subversivos por la capacidad crítica de resistencia en los colegios secundarios”.
Cuando entraron a la casa, tiraron a todos al piso y revisaron, además de preguntar, toda la casa en busca de armas. También se robaron algunos objetos personales, como ropa y alhajas. “Tuve un ataque de nervios, lloraba, una vez que comprueban que no había armas, me ponen un pulover en la cabeza y se dicen ´nos vamos´”, explicó. Dos horas después, su familia hizo la denuncia en la comisaria segunda de La Plata. Pablo fue trasladado al campo de Arana, que luego reconoció en un reconocimiento de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).
“Me bajan violentamente y me dejan contra la pared más de 24 horas, las piernas me temblaban y me pegaban en la cabeza y en la nariz. No querían que me tirara al piso. Después me llevaron a un cuarto, entre dos personas me desnudaron y me acostaron en un catre. Una tercera persona dirigía el interrogatorio”, señaló. Las preguntas estaban relacionadas a la participación en agrupaciones estudiantiles y políticas. “Cuando les decía que no, me daban corriente eléctrica con picana en distintas partes del cuerpo, como genitales y algunas heridas. Cuando no aguantaba más, me pedían el nombre de algún chico pero yo no podía decir nada porque tenía los labios quemados. Seguían con la sesión y cuando terminaban, me llevaban arrastrándome sin vestir. Era llevado a una pieza, debíamos ser entre 11 y 14 personas”, relató. Precisó que le comentó a los demás que pensaba que había “una máquina de la verdad”, que era lo que le decían los represores.
A veces, los compañeros de encierro se iban a sesiones de tortura pero no volvían. En una oportunidad, le dieron un pinchazo en los pectorales y se dio cuenta que le faltaba la uña de un dedo del pie, cuando fue restituido a la celda. “Se jactaban de haberme aplicado la tenaza”, recordó. “Uno se va acostumbrando, va tomando las cosas con terrible normalidad. El campo se caracterizaba por tortura continua, no nos dejaban descansar ni un minuto”, dijo ante el TOF.
Luego, llegó el simulacro de fusilamiento. Del miedo se hizo pis y terminó cayendo al suelo. Al poco tiempo lo trasladaron al Pozo. Una semana sin comer y sin poder ir al baño debió atravesar en su celda. Dormía en el piso y llegó a tomar su propia orina. En este centro de detención, el foco estaba puesto en las mujeres embarazadas, a quienes luego despojarían de las criaturas nacidas en cautiverio.
Aseguró que Jorge Antonio Berges, uno de los represores juzgados en este proceso, las trataba como mercancía. “Era una joya a la que teníamos que cuidar, tenía su interés en que tuvieran familia. No les importaba la madre, les importaba el chico”, admitió. Recordó el nacimiento de uno de los bebés en la maternidad clandestina y la desaparición junto con la madre. Les dijeron que se los habían llevado a un campo. “Nosotros estábamos contentos”, recordó con tristeza.
Por otro lado, señaló que Claudia Falcone, otra de las adolescentes detenidas durante La Noche de los Lápices, le decía que “nunca más iba a poder ser mujer” porque “había sido violada por adelante y por atrás”. Hizo hincapié en que declaró en muchos juicios pero recién hace dos años le preguntaron si hubo violencia de género o abusos. “Con el correr del tiempo, supe que no era el hambre, la tortura (la picana eléctrica, los golpes) y el encierro el dolor de Claudia. Lo más preciado que tiene una mujer es su cuerpo, decidir con quién hace el amor”, dijo entre lágrimas.
El desgarrador testimonio finalizó con un pedido claro: que los genocidas no sean beneficiados con la prisión domiciliaria. Señaló que hay “discusiones banales, cuantitativas” sobre si eran 30 mil o 9.000. Y propuso el ejercicio de imaginar una fila con 9.000 personas: “A la primera desnúdenla, pónganle picana eléctrica en pectorales, la vagina o en el pene, arránquenle las uñas y viólenla tantas veces como fuera posible, hasta cansarse, por adelante y por atrás. Después, péguenle un tiro en la nuca, levantenla y tirenla en una fosa común”. “Yo ruego por una sola persona, por un ser humano. Y piensen en 9000 en fila si quieren cuantitativamente obviar 20 mil más”, planteó.
En ese marco, pidió que “nunca le saquen la responsabilidad al ser humano de lo que es capaz de hacer, pregúntense para qué la Justicia, para ordenar al ser humano en su debilidad en poder hacer el bien y el mal constantemente”. “Sáquenle la prisión domiciliaria”, rogó Díaz, quien recordó que “el crimen de lesa humanidad es el peor crimen del mundo”. Y en ese llamado a la Justicia, planteó: “Ojalá no haya otro 37 años de espera”.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
La Noche de los Lápices
El 16 de septiembre de 1976, un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército secuestró a nueve jóvenes -de entre 16 y 18 años-, en su mayoría integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), que reclamaba por el boleto estudiantil secundario gratuito.
Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro fueron arrancados de sus domicilios esa noche; en tanto que, al día siguiente, el 17 de septiembre, los represores apresaron a Emilce Moler y Patricia Miranda. Cuatro días después fue detenido Pablo Díaz, quien formaba parte de la Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Fueron conducidos al centro clandestino de detención “Arana”, donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield. Fue el último centro de detención clandestino donde los vieron, que pertenecía a la Brigada de Investigaciones de Banfield y dependió del Regimiento de Infantería Mecanizada N°3, enmarcado en el denominado Circuito Camps. El predio también era conocido como “La Maternidad de la dictadura” porque un gran número de mujeres embarazadas detenidas fueron trasladadas y dieron a luz en ese lugar.
Moler, Díaz y Miranda recuperaron la libertad tras permanecer varios años entre cautivos y detenidos, así como también lo hizo Gustavo Calotti quien había sido secuestrado una semana antes que sus compañeros, en tanto que los seis restantes permanecen desaparecidos.
EL JUICIO
El juicio comenzó el 27 de octubre pasado y se extenderá por varios meses. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz , Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.
En tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.
El 24 de noviembre, en el marco de la quinta audiencia, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.
En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.
Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.
En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.
El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, en la audiencia siguiente, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Dio detalles sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado.
En la jornada siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.
La duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.
En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.
La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.
El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.
En la siguiente audiencia fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.
En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.
En la siguiente audiencia declaró el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.
En la audiencia 19 fue el turno de Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.
En la siguiente audiencia se escucharon los testimonios de dos víctimas. Se trata de María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).
En la jornada 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.
En la audiencia 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por el Pozo de Arana, el de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.
En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramática de la audiencia.
En la audiencia 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en una industria Saiar de Quilmes.
Este martes fue el turno de Pablo Díaz, quien hizo foco en la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres y el tratamiento como mercancía de las embarazas. Él fue secuestrado durante los operativos enmarcados en La Noche de los Lápices y relató los tormentos sufridos: picana eléctrica, tenazas y golpes. Pidió que los represores no sean beneficiados con la prisión domiciliaria y bregó porque la Justicia no se demore otros 37 años.
LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y en él a los detenidos se los sometía a torturas con picana eléctrica, submarino seco y a simulacros de fusilamiento y también eran víctimas de violencia sexual. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.
