Un proyecto para que se declare servicio público al conjunto de actividades que comprenden la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) en el territorio argentino para que “el Estado sea el regulador de las tarifas de las garrafas y que los sectores vulnerados no estén a merced de los precios del mercado”.
La iniciativa fue presentada por el diputado nacional del bloque Socialista, el santafesino Enrique Estévez, quein sostuvo que “en la Argentina uno de cada tres hogares no tiene acceso al gas de red y la familia debe utilizar garrafa para cocinar y calefaccionarse” por lo cual pagan un alto costo por este servicio.
En ese sentido, el legislador graficó que en las estaciones de servicio de YPF ubicadas en la localidad bonaerense de Moreno la garrafa de 10 kilos se vende a $720, cuando -con los aumentos autorizados por la Secretaría de Energía desde el 1 de junio- deberían tener un precio de $435,18.
El proyecto prevé que el Ejecutivo fije un cuadro tarifario para cada una de las etapas desde la producción hasta la comercialización, pero también será quien deberá establecer un sistema de distribución que garantice la universalidad del servicio. “La discusión es simple; al precio de las garrafas o lo fija el Estado o lo siguen haciendo las petroleras”, aseveró.
“Tenemos que equiparar esta enorme desigualdad existente entre los sectores que tienen gas de red, y que además posee subsidios, cuestión que estamos de acuerdo por eso acompañamos el proyecto de Zona Fría, y sectores de menores recursos que carecen de ese beneficio”, indicó y precisó que “también hay poblaciones enteras en el interior del país que no gozan de dicho subsidio porque no tienen conductos de gas”.
El Gobierno nacional creó el Programa Hogares con Garrafas, desde el que subsidia su precio una medida que alcanza a 2,3 millones de hogares, es decir cerca del 60 por ciento de los consumidores, que según el último censo, son más de 4.5 millones de hogares de la Argentina que apelan al gas licuado.
Para el autor de la propuesta, el subsidio “resulta insuficiente”, porque hay un gran universo que no es alcanzado y porque es necesario contar con un Estado que se encargue “no sólo de regular las tarifas, sino que en muchos casos también se hace fundamental poder garantizar la distribución”, concluyó.
