Con un marco convulsionado tras el atentado del jueves contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, este lunes se reanudará el juicio por la causa Vialidad, en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos para la exmandataria, así como también condenas para los otros involucrados.
Desde las 8:30 de este lunes será el turno de los alegatos de las defensas que se extenderán a lo largo de 30 audiencias y que comenzarán con de la defensa del expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Hugo Garro, para quien la fiscalía solicitó tres años de prisión en suspenso.
El Tribunal Oral Federal, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, asignó un máximo de tres jornadas a cada una de las defensas y que deberán cumplirse de forma contínua e inmediata, lo que significa que si alguna de las partes precisa menor cantidad de audiencias se continuará con quien sigue en la lista.
La defensa de Garro avisó que solo utilizará una audiencia y lo mismo hizo la del exresponsable del Distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Mauricio Collareda, quien figura segundo en la lista.
En ese marco, Cristina Kirchner tiene por delante cinco funcionarios que deberán defenderse: a Garro y Collareda, le seguirán Raúl Daruich, exresponsable del Distrito Santa Cruz de Vialidad; Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; y Abel Fatala, el exsubsecretario de Obras Públicas.
Esto implica que la defensa de la vicepresidente podría darse durante la tercera semana de septiembre. Lo que es una incógnita es si la mandataria participará personalmente.
Los abogados de los imputados trabajan cada uno por su lado en la estrategia de sus respectivos representados, sin embargo, comparten información a la hora de responder a los pedidos de pena de los fiscales Luciani y Mola.
El orden de los alegatos
- Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 3 años de prisión en suspenso, por administración fraudulenta.
- Mauricio Collareda, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
- Raúl Daruich, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
- Julio De Vido, exministro de Planificación Federal: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público, como organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta.
- Abel Fatala, el exsubsecretario de Obras Públicas: 4 años de cárcel.
- Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria y actual vicepresidenta: 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.
- Lázaro Báez, empresario: 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.
- Carlos Kirchner, exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.
- José López, exsecretario de Obras Públicas: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.
- Raúl Pavesi, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 5 años.
- Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.
- José Santibañez, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 4 años de prisión.
- Juan Carlos Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 6 años de prisión por administración fraudulenta.
