El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, con la firma de otros 11 legisladores que lo acompañan, presentó dos proyectos para “frenar” la privatización de AySA y “garantizar que el agua siga siendo un derecho y no un negocio”.
Esta iniciativa surgió luego de que el Gobierno Nacional autorizara el procedimiento “para la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.” mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 494/2025.
Desde sus redes sociales, sostuvo que el agua potable “es esencial para la vida, la salud y el desarrollo de millones de argentinos” y que su administración “debe tender al bien común y no a la rentabilidad de nadie”.
Asimismo, recordó que durante la gestión estatal de AYSA “4,5 millones de personas” accedieron “por primera vez” al servicio de agua corriente y “3,6 millones a la red de cloacas”.
Además, destacó que se invirtió “20 veces más” que cuando Aguas Argentinas estaba bajo capitales privados.
“La cobertura pasó del 79% a más del 85% en agua potable, y del 60% al 70% en cloacas. Se construyeron nueve plantas depuradoras, una gran potabilizadora y se hicieron cientos de obras. La cantidad de cortes bajó un 57% y su duración se redujo en un 72%”, expresó de Pedro.
La semana pasada, el bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) rechazó el decreto de privatización AYSA, debido a que consideran que esa medida está “orientada a desguazar las condiciones de control público sobre un servicio esencial”.
La posición tomada por UxP está plasmada en un proyectado diseñado por las legisladores Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz, respaldado por el jefe del bloque Germán Martínez, y otros diputados como Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés y Leandro, entre otros.
Por su parte, de Pedro señaló que AySA “ya había sido privatizada en los 90”, período en el que se “duplicaron tarifas, no invirtieron un peso y los residuos cloacales se volcaban al río sin tratamiento”. Y agregó: “Volver a privatizarla sería retroceder tres décadas”.
“AySA es de las y los argentinos. Estos proyectos buscan protegerla y dejar claro que defender la administración estatal de estos servicios públicos es defender la soberanía, el bien común, la salud y la vida de nuestro pueblo”, concluyó.
