Ya son 13 los efectivos que fueron desplazados a partir del hecho de San miguel del Monte, en el que cuatro jóvenes murieron en un accidente luego de que la Policía baleara el automóvil en el que viajaban. En este marco, el Gobierno ratifica la vigencia del protocolo para el uso de armas por parte de la Policía y diferenció este hecho del caso Chocobar.
En el marco de una conferencia de prensa que brindó junto a Néstor Roncaglia por un megaoperativo en el que desbarataron una banda narco, la ministra Patricia Bullrich ratificó la vigencia del protocolo para el uso de armas de fuego. “Siempre hay que tratar de utilizar otros medios”, aseguró, al tiempo que recordó que deben usarse cuando hay “peligro inminente”.
Al ser consultada por la prensa, advirtió que “la situación fue otra”, diferenciando este caso con el de Chocobar. “Lo que hace Chocobar es ayudar a que ese delincuente no siga generando situaciones de violencia extrema”, apuntó.
El protocolo, oficializado en noviembre del año pasado, advierte que se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, en los siguientes casos: En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves; Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas; Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad; Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.
Si bien la resolución aclara que “deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita”, “se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”.
La Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi) advirtió que con los cambios en la reglamentación de uso de armas de fuego para los efectivos policiales “se está haciendo legal la ‘Doctrina (Luis) Chocobar’”, en alusión al agente que disparó por la espalda y mató a un delincuente en diciembre de 2017.
En este escenario, vale recordar
que el 20 de mayo pasado el Tribunal en lo Criminal y Correccional (TOC) 7 de
la Capital Federal devolvió a la Justicia de Menores el expediente que
investiga al policía. Así lo hizo al declararse incompetente para tramitar el juicio
oral y público, en consonancia con lo que había argumentado en su dictamen el
fiscal Oscar Ciruzzi, quien sostuvo que el fuero de menores ya había sido
designado para juzgar al adolescente acusado de ser el cómplice del sospechoso
fallecido en ese hecho, Juan Pablo Kukoc (18).
De esta forma, será la Cámara Nacional de Casación la que
definirá si, en definitiva, tanto el proceso contra el adolescente implicado en
el episodio como Chocobar serán finalmente juzgados en el marco de un mismo
proceso oral y público cuya fecha de inicio aún no ha sido fijada.
