Intendentes y legisladores peronistas se reunieron el viernes en Merlo, junto a dirigentes sindicales y referentes sociales, en medio de una crisis que deriva en la revisión del acuerdo con el FMI, despidos e inflación. Reclaman que se declare la emergencias en varios sectores y se de marcha atrás con medidas oficiales.
“Otro camino es posible, otro país es posible”, se titula el documento difundido tras el encuentro, en el cual se delinean una serie de “aportes del peronismo de la provincia de Buenos Aires” frente a la crisis “provocada por el duro golpe que el mercado financiero le está propinando al Gobierno arrastrándolo a una terrible devaluación de nuestra moneda que puede llegar a provocar hiperinflación y desabastecimiento, y más sufrimiento para el Pueblo”.
El encuentro fue encabezado por el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el vicepresidente y jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Tamvbién fueron de la partida intendentes, legisladores nacionales y provinciales, dirigentes del movimiento obrero –Omar Plaini, Hugo Yasky y Roberto Baradel- y consejeros partidarios.
“Proponemos a los gobiernos nacional y provincial que declaren la emergencia educativa, económica, ocupacional, social, alimentaria y de seguridad”, señala el texto, que cuenta con una serie de consejos.
Piden declarar la emergencia alimentaria y sanitaria para “asegurar el acceso a los alimentos, los medicamentos e insumos hospitalarios de primera necesidad poniendo en marcha una red nacional de solidaridad en Emergencia, garantizando la participación de todos los niveles de gobierno e incluyendo a todos los actores de la comunidad, como iglesias, sindicatos, clubes de barrio y organizaciones de la comunidad, entre otros”.
En cuando a servicios públicos y combustibles, plantean “retrotraer las tarifas de los servicios públicos al 1 de diciembre de 2017 de acuerdo a la ley 27.743 sancionada por el Congreso Nacional y vetada por el señor presidente Mauricio Macri mediante el decreto 499/18”. “En caso de ser estrictamente necesaria una actualización, la misma debería realizarse según el coeficiente de variación salarial. Revisión y desdolarización de los precios de los combustibles”, aclara.
El documento también señala que se debe declarar la emergencia laboral para “crear un régimen especial tarifario para pequeñas y medianas empresas, cooperativas y pequeños comercios, fundamentalmente para asegurar la actividad y el empleo. Reflotar la ley antidespidos vetada por el Poder Ejecutivo nacional en mayo de 2016”.
Uno de los puntos centrales es el reclamo de la restitución del Fondo Federal Solidario, que “asiste a todos los municipios del país y permite paliar urgencias de la población”, pero también reclaman declarar la emergencia educativa, en pos de “frenar el desfinanciamiento de la educación pública y garantizar el funcionamiento de los establecimientos educativos de toda la provincia de Buenos Aires”.
Otro tramo del documento señala: “Solicitamos que se respeten las garantías constitucionales del debido proceso, reclamando la vigencia plena del Estado de Derecho”, y también pide “declarar la emergencia en Seguridad y reforzar la inversión en materia de seguridad y prevención del delito acompañada de inversión en acciones inclusivas para nuestros jóvenes y población en general”.
